La fase de recopilación de evidencia que prueba la retahíla de delitos que se cometieron con la manipulación dolosa de los resultados de las elecciones de octubre de 2019 ha concluido. Los elementos técnicos de la operación delictiva que se montó para darle a Evo Morales la victoria en primera vuelta están en manos de la justicia. Son resultados técnicos y no políticos.

Luego de confirmar que esta misma semana concluyó la fase de recopilación de pruebas, el procurador José María Cabrera recordó que esos hechos fraudulentos provocaron la anulación de las elecciones del pasado año, una decisión que fue asumida por el propio Morales una vez que la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) declarara la imposibilidad de emitir un informe sobre esos comicios debido a las irregularidades.

Ahora bien, por una parte están los hallazgos de la OEA, que tienen que ver con la manipulación de los resultados de las elecciones durante la transmisión de datos y las recomendaciones dirigidas al Estado para que se establezcan responsabilidades, pues se cometieron delitos que hirieron al sistema democrático. Los elementos del informe de la entidad interamericana son técnicos, pero han sido llevados al escenario político a merced de una estrategia articulada por agentes afines al Movimiento Al Socialismo (MAS) que intentaron desacreditar la contundencia de los hechos dolosos.

Pues bien. Por otra parte están los hallazgos de la Justicia y las pericias que hizo el Ministerio Público para establecer las responsabilidades respecto a estos delitos. Las personas favorecidas con esa operación, partiendo por Evo Morales y concluyendo en los cuadros operativos de la manipulación de los resultados, ya figuran entre los perpetradores que deben rendir cuentas por estos hechos. Solo como apunte, los investigadores develaron que se montó un laboratorio para alterar actas en una oficina dependiente del Ministerio de Justicia.

En el plano político, el propio Morales ya asumió su responsabilidad cuando llamó a nuevas elecciones con otro Tribunal Supremo Electoral (TSE), una vez que la OEA desveló la punta del ovillo del fraude electoral. Además, el exmandatario destituyó a todos los vocales electorales en un intento por salvar su legitimidad. Ya era tarde. Huyó aquel 11 de noviembre.

Y al cabo de ocho meses de indagación con pericias legales, ya son unas 30 exautoridades electorales las procesadas. “Se han recopilado ya los más importantes elementos de prueba (…). El pueblo necesita una sentencia que dé certidumbre y zanje esta historia tan amarga de la historia reciente de Bolivia”, dijo el Procurador.

Una sentencia es clave, pues el Estado se legitima cuando emplea la institucionalidad para superar los desafíos. El respeto a las instituciones y sus respectivos principios es como la savia que nutre y riega las raíces de la democracia. En este caso, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) debe recuperar esa legitimidad apoyando el debido proceso contra los responsables del fraude y con la administración idónea de las elecciones de octubre.

Por eso, el TSE hizo ajustes en la querella presentada contra los responsables de la manipulación electoral e identificó a María Eugenia Choque, Idelfonso Mamani, Antonio Costas, Lidia Iriarte, Lucy Cruz y Édgar Gonzales –los vocales destituidos por el propio Evo Morales– como los operadores del plan para perpetuar al líder del MAS en el poder. Ahora, cada uno de los exvocales tiene una responsabilidad distinta y ya comenzaron a cooperar para que la verdad se termine de desvelar.