• Redacción Central /

La integrante del GIEI Bolivia Patricia Tappatá Valdez fue la encargada de sintetizar los resultados del informe final respecto de las masacres y violaciones a los derechos humanos durante la crisis política y social en Bolivia a finales de 2019.

La especialista reiteró que el GIEI no duda en calificar los hechos de Senkata y Sacaba como masacres y remarcó que, en el marco de un conflicto político rodeado de violencia, al menos 37 personas perdieron la vida en diversos lugares del país y centenares quedaron con lesiones físicas y psicológicas.

“Lo ocurrido involucra la responsabilidad del Estado por actos de agentes estatales y de particulares en circunstancias contempladas en la jurisprudencia de la CIDH”, dijo.

Enfatizó en que la Policía y Fuerzas Armadas, por separado o en operativos conjuntos, usaron la fuerza de modo excesivo y desproporcionado y no previnieron adecuadamente los actos de violencia, dejando desprotegidos a los ciudadanos y ciudadanas.

“Por su parte, particulares promovieron y protagonizaron actos de violencia y ataques a bienes públicos y privados”, manifestó.

Afirmó que quienes resultaron víctimas obtengan justicia, reparación por los daños que les fueron provocados y atención inmediata para sanar sus respectivas heridas.

El informe reconoce que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda el reconocimiento en su calidad de víctima.

“No se puede concebir proceso de recomposición del tejido social sin abandonar antes la idea de que las víctimas son la de nuestra identidad política mientras que las que se identifican como el adversario lo son menos o no requieren atención”, apuntó

Se concluye que las manifestaciones, protestas y bloqueos en caminos y ciudades que estallaron en enfrentamientos y agresiones violentas no ocurrieron de modo inesperado, sino que fueron precedidas por discursos antagónicos de líderes reconocidos y por decisiones políticas y acciones que pusieron en tensión las reglas de funcionamiento de los mecanismos participativos de la democracia y de las instituciones que deben vigilar su cumplimiento.

“Estos comportamientos menoscabaron la credibilidad en las instituciones y desconocieron acuerdos esenciales para el ejercicio de la democracia”, señaló.

Otro de los aspectos destacados es que, en el marco de la polarización social y política, se apeló a la identidad étnica como criterio que señalaba la pertenencia o no a la sociedad boliviana

“Las adhesiones políticas fueron peligrosamente racializadas en momentos trascendentes de la vida de Bolivia y pretendieron ser usadas como factor de exclusión. La violencia racista perpetrada contra los pueblos indígenas, incluyendo mujeres indígenas, especialmente atacadas, deben ser reconocidas y los responsables sancionados”, apuntó.

Entre las recomendaciones, se le pide al Estado garantizar el derecho de todas las victimas a la verdad, justicia sin distinciones bajo el principio de universalidad y sin imponer versiones únicas sobre los hechos.

“Se tiene que otorgar prioridad a los casos de violencia sexual y de género, y que los operadores de justicia cuenten con un conocimiento especializado; y para ello es importante la independencia del Órgano Judicial”.

Antonia Urrejola

Presidenta de la CIDH:

Celebramos y resaltamos, como ejemplo del Estado Plurinacional de Bolivia, la búsqueda de la verdad y la justicia.

El trabajo final se traducirá en acciones para la garantía de la justicia y lucha contra la impunidad en Bolivia.

Este informe es un paso en la construcción de la ruta que llevará hacia la verdad, la justicia y reparación integral a las víctimas y sus familiares.

La CIDH estará presente en todos los pasos en la búsqueda de la justicia, la verdad y reparación integral.

Julissa Mantilla

Primera vicepresidenta CIDH:

La Comisión Interamericana recibe el informe y se compromete a revisar el contenido y las recomendaciones para evaluar los mecanismos para asistir al Estado para el cumplimiento.

La comisión continuará monitoreando la situación de los derechos humanos en Bolivia.

La CIDH recomendó la creación de un grupo internacional de expertos independientes especializado para el estudio y análisis de los hechos para hacer recomendaciones y plantear la atención y reparación integral a las víctimas.

Flavia Piovesan

Segunda vicepresidenta CIDH:

El propósito del trabajo de los expertos es identificar a los responsables por las violaciones de derechos humanos sucedidas en determinado marco temporal entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Destacar la disposición del Estado Plurinacional de Bolivia por la plena confianza en el trabajo de la comisión y en el desempeño de los expertos.

La CIDH visitó Bolivia en noviembre de 2019 para recoger información sobre los derechos humanos en el contexto de la crisis política y social.

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