Infografía: Javier Pereyra

Eliana Uchani / Bolivia Digital

El Gobierno derogó este jueves la disposición adicional del Decreto 4231 del 7 de mayo, además del parágrafo segundo del artículo 13 del Decreto 4200 (25 de marzo de 2020) y el apartado segundo del artículo 7 del Decreto 4199 (21 de marzo de 2020), que instruía una denuncia penal en contra de la “desinformación” transmitida a través de medios escritos, impresos y artísticos que genere incertidumbre sobre la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, confirmó la decisión a través de su cuenta en Twitter (@MaisaFernandezS). Allí también publicó la nota que remitió el Gobierno a la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La Misión Permanente del Estado Plurinacional de Bolivia ante la OEA (Organización de los Estados Americanos) comunicó a la CIDH que el Gobierno de Bolivia deroga la Disposición Adicional Única del Decreto Supremo 4231 (…) y anteriores disposiciones”, escribió la autoridad.

La nota remitida por el Estado a través de su Misión Permanente ante la OEA plantea, además, varias aclaraciones sobre las valoraciones que se hicieron a las disposiciones anuladas.

“En atención a ciertas inquietudes respecto a la interpretación de los decretos promulgados en el marco de la Emergencia Nacional y Declaratoria de cuarentena total contra el contagio y propagación del coronavirus (…), a la luz del respeto a la libertad de expresión, se ha procedido a la derogatoria de las disposiciones de los decretos 4231, 4200 y 4199”, señala el comunicado.

La disposición adicional del DS 4231 decía: “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o difundan información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que pongan en riesgo o afecten a la salud pública, generando incertidumbre en la población, serán pasibles a denuncias por la comisión de delitos tipificados en el Código Penal”.

Los parágrafos II de los decretos 4199 y 4200 tenían un contenido similar: “II. Las personas que inciten el incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población, serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

Anteriormente, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, aseguró que estas normativas no iban en contra de la libertad de expresión, ya que solo se quiso evitar que se propague información falsa sobre la pandemia.

Al respecto, el titular de Gobierno, Arturo Murillo, señaló que el Gobierno respeta y defiende la libertad de expresión. Por tanto, se derogaron los artículos que crearon susceptibilidad en la población.

“A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaban susceptibilidad sobre la libertad de prensa. Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia”,  dice su publicación.

En las últimas semanas, gente inescrupulosa y afín al Movimiento al Socialismo (MAS) publicó información falsa sobre el origen de la pandemia, asegurando que es “un invento del Gobierno para quedarse en el poder”. Incluso, fueron aprehendidas dos personas ligadas a parlamentarios de ese partido que difundieron información falsa a través de las redes sociales.

El miércoles, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió que se modifique el decreto del 7 de mayo “para no criminalizar la libertad de expresión”.

A la vez, la Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) también mostró su preocupación por el contenido del Decreto 4231, que amplía restricciones a la libertad de expresión contenidas en los decretos 4199 y 4200.