PAIS-ABC

 

Luis Fernando Cruz Ríos – Edición impresa

El Gobierno, a través del Ministerio de Obras Públicas, denunció ayer severas deficiencias en el diseño, construcción, supervisión, entrega y recepción final de vías camineras en los últimos 13 años, con una inversión de 77.000 millones de bolivianos.

En conferencia de prensa, el titular de esa cartera de Estado, Iván Arias, informó que del total de los recursos destinados para el emplazamiento de proyectos carreteros, casi la mitad representa la deuda externa contraída por Bolivia entre 2006 y 2019.

En ese contexto, explicó que un reciente informe técnico elaborado por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) concluye en que la politización en el proceso de licitación y contratación de proyectos durante la gestión de Evo Morales ha provocado la entrega de obras deficientes en desmedro de la economía del país.

“La ABC atravesó un proceso de oscuridad en los pasados 13 años, pues presupuestó 77.000 millones de bolivianos para la construcción de carreteras, lo que significa que recibió ocho veces más que el sector salud. Sin embargo, el 75% de las obras realizadas presenta deficiencias severas en el diseño, construcción, supervisión, entrega y recepción final”, sostuvo.

Además que la estatal caminera hizo viables contratos llave en mano (sin licitación) por 15.000 millones de bolivianos, de los que 12.000 millones de bolivianos fueron solo para la gestión de la exautoridad Noemí Villegas. Asimismo, auditorías internas dan cuenta que la ABC en 20 procesos identificó indicios de responsabilidad en tres que podrían derivar en un posible daño económico al Estado por 81 millones de bolivianos.

También para 2019 se presentó una cartera de 49 proyectos, de los que 26 requieren verificación de calidad; y 23 tienen una mala gestión porque 15 están paralizados y ocho en etapa de resolución de contratos.

Cambio de imagen

El presidente de la ABC, Humberto Nazra, anunció que su administración asumirá acciones de fondo para cambiar la imagen de la institución con la implementación de mecanismos de control y monitoreo de proyectos en el marco de la lucha contra la corrupción.