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El ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, dijo que ya se solicitó al ministro de Economía, José Luis Parada, que se paralice el pago del 50% que falta por la adquisición de los 170 respiradores que compró el Gobierno a la empresa GPA Innova, y que es preferible ir a un proceso antes de hacer la cancelación total si se toma en cuenta que, al parecer, hubo un sobreprecio.

“Hay que hacer ajuste de cuentas con la empresa, corte y devolución de lo que no se entregó y ver cómo se arregla. Tenemos que ver la necesidad de los respiradores, si sirven, su funcionalidad y si fueron adquiridos o no con sobreprecio, entonces se solicitó paralizar el 50% del pago”, señaló en entrevista con Bolivisión.

Agregó que en las investigaciones se establecerán todos los datos del contrato para la adquisición de los respiradores, su traslado, asistencia técnica y otra información.

“Llama la atención el precio porque había una empresa que ofrecía los mismos respiradores a 12 mil dólares, entonces no sabemos los criterios para haberlos comprado en 27 mil dólares”, remarcó.

Todo el peso de la ley

Efectivos de la Policía Boliviana aprehendieron ayer por la tarde a Fernando Valenzuela, director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, al director ejecutivo de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, y a dos consultores del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que declaren sobre la adquisición de los respiradores.

Al respecto, la presidenta Jeanine Áñez pidió cárcel para los responsables de este hecho y aseguró que se trabajará para que “cada centavo que se habría robado sea devuelto y para que todo el peso de la ley sea aplicado contra los autores, caiga quien caiga”.

“La instrucción de la Presidenta y de este Gobierno es que, más allá de cualquier tipo de corrupción, se debe investigar desde el primero hasta el último y si alguien tiene que pagar por esto, sea ministro, sea director o viceministro, lo va a pagar”, señaló Coímbra a la Red Uno.

Situación de Valenzuela

Fernando Valenzuela habría sido el directo responsable por la adquisición de los respiradores, aunque su abogada señaló que solo cumplió órdenes emanadas por el Ministerio de Salud, la entidad solicitante.

Durante el gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), Valenzuela trabajó en la Cámara de Diputados e incluso con la exministra de Salud, Gabriela Montaño.

“Llama la atención que una persona ligada de manera íntima a Montaño haya permanecido con dos ministros, no es asesor jurídico del Ministerio de Salud, no tenía por qué participar en la licitación. La Aisem tiene su propia asesoría y unidades técnicas, por lo tanto llama la atención el por qué Valenzuela participó en el proceso de contratación, eso lo vamos a establecer en las investigaciones, ver las motivaciones y demás, ya que no le correspondía. Se debe ver por qué fue parte del proceso”, afirmó Coímbra.

También cuestionó el papel del BID, ya que a pesar de tener representantes y consultores que saben sobre respiradores no se opusieron a la compra.

“Por eso fueron convocados a declarar, ya que tenían precios referenciales, en determinado momento debieron objetar la compra porque el precio era demasiado elevado”, dijo.

La autoridad aseguró que los posteriores procesos de compra serán publicados en las redes sociales y páginas web oficiales con el fin de que la población tenga certeza de que se trabaja con transparencia y remarcó que no se perdonará a nadie por este delito.

“Es imperdonable lo que pasó, no podemos parecernos al MAS y lo vamos a demostrar, vamos a procesar a todos los que están involucrados y nadie será premiado como embajador o cónsul, todos irán presos”, apuntó.