Presidenta Jeanine Áñez: "No me temblará la mano, voy a ser firme y dura frente a los corruptos" (Foto: ABI)

ABI / Bolivia Digital

Ante los presuntos hechos de corrupción en la compra de 170 respiradores españoles, el Gobierno ratificó este jueves que actuó de manera inmediata para que se investigue la adquisición irregular de esas máquinas, así como se hizo en los casos de las empresas estatales Entel y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

“En los días pasados y especialmente ayer tuvimos una mala noticia en nuestra lucha por la salud y descubrimos posibles actos de corrupción en la compra de los respiradores españoles, pero actuamos de inmediato y con firmeza contra estos hechos”, aseguró la presidenta Jeanine Áñez durante un mensaje televisado.

La Mandataria insistió en que se ha golpeado con “todo el peso de la ley” a la corrupción y por ello afirmó que se hará una investigación exhaustiva de la presunta adquisición irregular de los respiradores, hasta castigar a los responsables “caiga quien caiga”.

“No voy a tolerar la corrupción en ningún sitio y menos en la salud, que quede claro para todos los funcionarios y políticos de mi gobierno. No me temblará la mano y voy a ser dura frente a los corruptos y frente a los casos de corrupción”, sostuvo la Jefa de Estado.

La postura se da tras la aprehensión, el martes, del director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, y el director general de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem), Geovanni Pacheco, por su vinculación en la compra con sobreprecio de 170 respiradores a la empresa española GPA Innova.

Un día después, el entonces titular de Salud, Marcelo Navajas, acudió de forma voluntaria a la Fiscalía a prestar su declaración, pero la autoridad jurisdiccional determinó su aprehensión debido a que se encontraron elementos que lo vinculan al caso.

Navajas fue imputado por los delitos de malversación, uso indebido de influencias, uso indebido de bienes, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. También se arrestó a otros funcionarios por estar involucrados en el ilícito.

A raíz del hecho, la Fiscalía General del Estado conformó una comisión de fiscales para investigar el caso.

Asimismo, el ministro de Justicia, Álvaro Coímbra, afirmó que esa cartera de Estado se convirtió en parte querellante en contra de las personas involucradas en la adquisición irregular de dichos equipos.

En esa línea, la Mandataria ordenó una auditoría de todas las compras en salud que se efectuaron en su gestión y que esas adquisiciones se hagan frente a la ciudadanía y con el control directo de las redes sociales.

El miércoles, Áñez precisó, mediante su cuenta de Twitter, que el contrato investigado por el sobreprecio de los respiradores alcanzaba a $us 4,7 millones y que se llegó a pagar más de $us 2 millones a la firma española.

Empero, la primera autoridad del país mencionó que se instruyó no pagar un centavo más y se comprometió a recuperar el dinero de los bolivianos.

Según la Fiscalía de La Paz, la adquisición irregular de estas máquinas provocó un daño económico al Estado de unos $us 3 millones.

La diputada Rose Marie Sandóval (UD) ponderó la indagación iniciada por el Ejecutivo ante la Fiscalía para esclarecer la compra irregular de los respiradores, debido a que es una acción coherente en comparación del accionar del anterior Gobierno.

No obstante, la legisladora manifestó que ante estos hechos se debe efectuar una “autocrítica profunda” dentro del Gobierno, y mejorar la comunicación y el acceso a la información.

Sandóval pidió que se efectúe una pesquisa profunda del caso para identificar a todos los involucrados en la compra irregular de las máquinas y obtener resultados concretos que permitan sancionar a los responsables.

En esa línea, el ministro Coímbra recordó que a inicios de mayo se inició un proceso de investigación por la contratación directa de un seguro para la petrolera estatal YPFB. También se abrieron otros juicios por la compra de combustibles y alimentos con sobreprecio.

Debido a estas irregularidades, se decidió la destitución, el 7 de mayo, del entonces presidente interino de la petrolera estatal, Herland Soliz, quien un día antes había renunciado a su cargo.

El miércoles, el jefe de la Unidad de Transparencia del Ministerio de Hidrocarburos, Iván Roncal, dio a conocer que el informe final que emitió la Unidad de Transparencia de YPFB encontró indicios de responsabilidad penal en al menos cuatro funcionarios vinculados a la contratación irregular de una empresa aseguradora, por lo que se realizó la denuncia ante la Fiscalía.

No obstante, el titular de Justicia señaló que dicho proceso está paralizado por la cuarentena a raíz del coronavirus, pero añadió que el Ministerio Público emitirá, en las próximas semanas, las imputaciones dentro de este caso.

“También se solicitaron algunas medidas preventivas para resguardar los recursos públicos del Estado en el tema de YPFB, además de recuperar estos recursos y garantizar la presencia de las personas que son investigadas en este caso”, dijo la autoridad.

En tanto, Coímbra mencionó además que se abrió en febrero una indagación contra el exgerente de la telefónica estatal Entel Elio Montes por el pago ilegal de finiquitos a 13 personas que trabajaron menos de tres meses en la empresa, por una cifra total de Bs 868.998.

En ese caso también se descubrieron presuntos hechos de corrupción en el pago de auspicios, compra de celulares, hospedajes y otros. Las irregularidades derivaron en la destitución de Montes, quien luego salió del país rumbo a Estados Unidos.

El 13 de mayo, el nuevo gerente de Entel, Eddy Luis Franco, afirmó que las pesquisas en el Ministerio Público continúan y que las cuentas bancarias de Montes en el país fueron congeladas para recuperar el dinero que se detecte en la auditoría.

En los últimos meses, la telefónica logró recuperar el dinero que fue entregado a los colaboradores de Montes.