Por: Luis Alfonso Mena S./

Bastaron cinco segundos para que el aparataje del régimen dictatorial disfrazado de democracia que hay en Colombia entrara en pánico y se llevara por delante su fementido Estado de Derecho.

En lo que realmente es un golpe de Estado, un ataque directo al poder local y un raponazo grotesco del uribismo para quedarse a la brava con la Alcaldía de la segunda ciudad de Colombia, Iván Duque, a través de Margarita Cabello Blanco, su procuradora de bolsillo, suspendió el martes 10 de mayo en sus funciones al primer mandatario de la capital de Antioquia.

Lo hizo con fines y sesgo evidentemente políticos, luego de que Quintero publicara un video de cinco segundos en el que, al volante de su auto, el funcionario decía: “El cambio, en primera”, y hacía el embrague para iniciar la marcha de su automotor.

Sumida en el odio del régimen contra el cambio, presumió ella que era un llamado a apoyar a Gustavo Petro para ganar en primera vuelta la Presidencia de la República.

Paralelamente, el martes ya empezaba a trascender una nueva encuesta, esta vez de la firma Yanhaas para los cuatro medios del Grupo Ardila Lulle (RCN) y los periódicos regionales de la derecha liberal y conservadora (siete en total), en la que Petro aumenta las preferencias electorales (40 por ciento) y Federico Gutiérrez se estanca (21 por ciento).

El doble de diferencia, a pesar de la guerra sucia brutal contra el candidato del Pacto Histórico. (Y todo indica que las distancias son mucho mayores).

Entonces, el “establishment” tembló y en una reacción exprés, inusitadamente veloz, nunca antes vista en ese monstruo paquidérmico que es la Procuraduría (como lo son también la Contraloría, la Defensoría y demás entes que desangran el Presupuesto Nacional), Cabello Blanco profirió sentencia, solo 12 horas después de conocido el brevísimo video de Quintero.

Estamos ni más ni menos que ante una dictadura: la procuradora del régimen aplicó la sanción de forma ilegal y selectiva, violando la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) y un fallo proferido recientemente por la Corte Interamericana de DDHH (CIDH), en el que este organismo, al que está adherida Colombia, determinó que hombres y mujeres elegidos por voto popular solo pueden ser sancionados por jueces, no por funcionarios administrativos, como es el caso de Cabello Blanco.

Pero, además, la funcionaria se llevó por delante también los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley en Colombia. La tiranía.

Quintero no fue escuchado previamente, como corresponde al debido proceso, ni notificado de la sanción. Cuando ésta fue anunciada ni siquiera se había redactado la resolución administrativa respectiva.

La mandadera del Gobierno de Duque notificó en la noche del martes su determinación arbitraria mediante un audio enviado a los medios de comunicación vía redes sociales, en el que de manera fantoche concluía diciendo: “¡Que no se equivoquen conmigo!”
Claro: que no se equivoquen, pues ella no está para sancionar a los altos funcionarios del Gobierno que abiertamente y en todo el país le hacen la campaña a Gutiérrez, sino para perseguir a los representantes de la oposición.

El miércoles 11 de mayo en horas de la tarde, en otra reacción exprés, el jefe del régimen designó como alcalde encargado a Juan Camilo Restrepo Gómez, funcionario del actual Gobierno, un mensajero de la oligarquía antioqueña, la misma que ha querido defenestrar a Quintero.

Mostrando el cobre de su vulgar estrategia, Duque no designó a un integrante del grupo político del alcalde, como corresponde, sino a un amanuense suyo y de las rancias élites de Antioquia: lo que no lograron en las urnas, ahora lo rapan desde las cuevas del poder.

A Duque y su séquito se le notaba el afán por apoderarse de la Alcaldía de Medellín porque creen que por fin van a cumplir su sueño de ponerla, así sea solo por la época electoral, como señala la sanción tiránica, al servicio del uribismo y de su mediocre aspirante presidencial. Ahora ya ni disimulan.

Callada frente a Duque, Zapateiro…

La procuradora de Duque se envalentona con la oposición (que dentro de poco va a ser gobierno, a pesar de las maniobras del uribismo), pero es sumisa y cómplice con los funcionarios de su régimen. La neutralidad a la que la obliga la ley no existe para ella.

A Duque, su jefe actual y del que fue ministra de “Justicia”, se le contabilizan 32 discursos en los que ha hecho campaña contra Gustavo Petro para favorecer a Federico Gutiérrez, y la titular del organismo al que se le ha encargado la representación de la sociedad no ha dicho ni mu.

El general Enrique Zapateiro, comandante del Ejército, arremetió hace algunos días en siete trinos contra Gustavo Petro y sus planteamientos electorales, con lo cual violó la Carta Magna y la ley, que prohíben a los militares deliberar en política y tomar partido, pero la Procuradora del Gobierno guardó cobarde silencio.

En el caso de la pérdida de $70.000 millones durante la gestión de la Mintic Karen Abudinen, la representante del Ministerio Público corrió a absolverla de cualquier responsabilidad sin abrir siquiera investigación: absoluta abyección.

Sobre los congresistas prevaricadores de la bancada del Gobierno en el Congreso, que trampearon para modificar la Ley de Garantías con el fin de gastar miles de millones de pesos en sus campañas electorales, la procuradora del régimen no ha dicho tampoco nada.

En relación con las denuncias formuladas contra el alcalde de Barranquilla por participación en política, silencio pleno. ¡Cuidadito!

Es que es del clan Char… su casa de procedencia.

Y ni qué decir de las decenas de burgomaestres que en un encuentro de la Federación Nacional de Alcaldes auparon a “Fico” Gutiérrez, le ofrecieron respaldo y se tomaron fotos impúdicamente con él, violando la ley: la señora Cabello Blanco, muda.

Pero ahora, apoyada en una ley sastre que le aprobó el Congreso el año pasado, la N° 2094, confeccionada a sus medidas para atravesársele a lo dictaminado por el fallo de la CIDH ya mencionado, sanciona a Quintero.

La referida ley es inexequible, está demandada y se espera el fallo de la Corte Constitucional. Pero mientras tanto, se cobijan con la famosa “presunción de legalidad”.

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