Juan Manuel Karg /

“La llama sigue encendida. De rodillas vamos a estar para darle gracias a Dios cuando consigamos el objetivo. Este segundo round lo vamos a ganar otra vez nosotros”. Así de explícitas fueron las palabras del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, como amenaza al gobierno de Luis Arce Catacora. Con metáfora boxística, Camacho volvió, a principios de este mes, a reivindicar el golpe de Estado del año 2019. Antes le había negado la palabra a David Choquehuanca, vicepresidente de Arce, durante un acto en la ciudad de Santa Cruz, en la cual sus partidarios bajaron una bandera wiphala, símbolo de los pueblos originarios. El desplante a Choquehuanca, aymara, volvió a recordar aquellas imágenes de 2019, con wiphalas vandalizadas mientras se coronaba el asalto del Palacio Quemado.

Dos desafíos previos, concretos, a lo que fuera el paro nacional del 11 de octubre. Allí Camacho, junto al expresidente Carlos Mesa y a la hija de Jeanine Añez, acompañó la convocatoria de los Comités Cívicos en una jornada que tuvo su epicentro en ciudades electoralmente hostiles al oficialismo. El expresidente Evo Morales, depuesto en 2019 y exiliado en México y Argentina hasta la vuelta del MAS al gobierno, calificó al paro como “fracaso” en su cuenta de Twitter. “Fue específico, en centros urbanos puntuales” dijo en tanto Jorge Richter, vocero presidencial, bajándole el precio a la jornada de movilización de la derecha boliviana, que además contó con algunos bloqueos.

La oposición al MAS se articuló en torno a dos demandas. La primera, que cesen las investigaciones judiciales en torno al golpe de Estado del año 2019. Allí aparecía un exigencia concreta: la liberación de Añez, detenida tras haber conducido de facto los destinos del país. Pero además la oposición boliviana pidió que no avance la Ley Contra Ganancias Ilícitas, un proyecto del gobierno pensado para permitir a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dotar de mayor información a la justicia cuando se adviertan movimientos sospechosos vinculados al crimen organizado. Con astucia y a la vez malicia, la derecha boliviana presentó el proyecto como un intento del MAS en avanzar sobre las libertades individuales. Los grandes medios hicieron lo suyo, amplificando. El tema caló en la agenda pública. El Gobierno decidió frenar la legislación.

El 12 de octubre, en tanto, Arce y Morales encabezaron las movilizaciones en defensa de la wiphala y del gobierno masista. “Ellos dicen que quieren defender la democracia y hoy se niegan a respetar el voto popular. Por eso estamos aquí, para demostrar nuestra mayoría”, dijo Arce. “Tenemos a un pueblo que va a hacer respetar su voto en las calles”, advirtió el mandatario en otro fragmento de su discurso en Cochabamba, dando cuenta de la capacidad de movilización del oficialismo. (Télam)

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