Por: Armando Aquino Huerta/

Durante el golpe de Estado y gobierno de facto de Jeanine Añez, el líder político de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos D. Mesa, amparado en los actos terroristas de los “pititas”, Unión Juvenil Cruceñista y Resistencia Juvenil Cochala, gritaba valientemente y de manera repetida: “O me voy a la cárcel o me voy a la presidencia” (“estoy llamando a la movilización” y otros), sin que nadie le haya obligado, conforme prueban las grabaciones difundidas por los medios de comunicación nacionales e internacionales; consiguientemente ese grito es prueba suficiente para aprehenderlo y previo juicio con el “debido proceso” condenarlo con la pena máxima por los delitos cometidos en esos hechos antidemocráticos y luctuosos; para lo cual solo hace falta que los señores fiscales, policías y jueces cumplan con su deber aplicando la Constitución Política del Estado, el Código Penal Ley 1768, el Código de Procedimiento Penal Ley 1970 y la Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 260 a fin de evitar la impunidad y otro golpe de Estado, caso contrario cometerían los delitos de ENCUBRIMIENTO y OMISIÓN DE DENUNCIA, penados por los Arts. 171 y 178 del Código Penal.

Porque el grito de “O me voy a la cárcel o me voy a la presidencia”, publicitado libremente, conscientemente, analizando los pros y los contras —deseando ambas cosas—, no es causa del dolor de muelas ni de vísceras sino del “machismo” y “poder” del líder, hecho que cualquier psicólogo puede certificar entrevistándolo simplemente sin necesidad de estudiar su personalidad ni perfil psicológico. Lo cual quiere decir que llegó la hora de que dicho líder político vaya a la cárcel —por su propia voluntad— puesto que no fue a la presidencia.

En consecuencia desde el punto de vista jurídico-penal, el mentado grito se hace indefendible para cualquier abogado sometido a las leyes, ni qué decir si a su vez estaba lleno de racismo, discriminación y odio por el veneno destilado por su derrota en las elecciones generales del 20 de octubre 2019; de tal suerte, nadie puede dudar que llegó la hora de que el nombrado líder político sea aprehendido por cualquier policía en cumplimiento del mandamiento de aprehensión librado por el fiscal, y previo juicio se dicte sentencia condenatoria en su contra con la pena máxima; porque ese grito que no es democrático ni patriótico indudablemente estaba alimentado por la soberbia que es la “Altivez y apetito desordenado de ser preferible a otros… Cólera e ira expresadas con acciones descompuestas o palabras altivas e injuriosas”, conforme nos enseña el Diccionario de la Lengua Española.

Sin necesidad de investigar mucho el grito que nos ocupa, relacionado con el Art. 20 del Código Penal que dice: “(AUTORES) Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro o los que dolosamente prestan una cooperación de tal naturaleza, sin la cual no habría podido cometerse el hecho antijurídico doloso. Es autor mediato el que dolosamente se sirve de otro como instrumento para la realización del delito”, hace ver que el nombrado político en 2019 fue el desestabilizador del gobierno de Evo Morales y autor intelectual de las 38 personas asesinadas, centenas de inválidos y miles de detenidos ilegalmente durante el mentado golpe de Estado y gobierno de facto, por eso se abstuvo de declarar como testigo el 17 de junio de 2021 diciendo que podía incriminarse —reconociendo ser autor—, porque solo el autor del delito se puede incriminar, un testigo no.

Similar situación ocurre con los gritos de Luis Fernando Camacho, Rómulo Calvo, Tuto Quiroga y demás autores intelectuales porque la ley dice: “La ley penal no reconoce ningún fuero ni privilegio personal…”.