Durante los 36 días de paro/bloqueo obligado por la dirigencia cívica se han reportado decenas de denuncias sobre la comisión de distintos tipos de delitos de parte de quienes se encontraban dedicados a obligar a la ciudadanía a cumplir con el paro, en este cometido no repararon en incurrir.

El presidente Luis Arce durante la promulgación de la Ley de aplicación de los resultados del Censo señaló que los delitos cometidos durante esta medida de presión, innecesaria y con clara intencionalidad política de desestabilización, sometieron a la ciudadanía cruceña a una verdadera tiranía cívica.

Como dijimos, existen muchas denuncias de delitos, ahora le corresponde al Ministerio Público y luego al Órgano Judicial tomar las acciones que correspondan en el marco de las leyes vigentes, no es ya una tarea del Ejecutivo este tema que no sea la de verificar que se cumpla con el trabajo de quienes deben hacerlo.

Los dirigentes cívicos cruceños, mal denominados líderes, puesto que el concepto de líder es otro totalmente distinto al de estos autodesignados dirigentes, ya han salido a los medios a hacer declaraciones victimizándose ante una posible persecución judicial de parte del Gobierno, como para curarse en salud, antes de que tengan que responder por todas las atrocidades del paro.

Si bien en la mayor parte de los casos denunciados, los autores materiales son muchas personas vinculadas con la Unión Juvenil Cruceñista y con otros grupos delincuenciales contratados para el efecto, existen detrás de ellos otros personajes que fueron los que dieron las órdenes, financiaron las acciones, encubrieron y pretenden hacerlo aún.

Ellos también deben responder por todo lo sucedido entre octubre y noviembre pasados porque se ocasionó no solo un profundo daño económico a la gente de Santa Cruz y a toda Bolivia, sino también se atentó contra los derechos fundamentales de las personas y se pretende tender un velo de impunidad en torno a ello.

Somos un Estado que se rige por leyes y, al margen de las consideraciones sobre la legitimidad de las demandas de Censo o distribución de recursos, todos debemos cumplir y acatar las leyes; si no lo hacemos, estamos sujetos a la acción de la justicia, eso no es venganza, no es persecución ni nada parecido, no es nada más que los encargados de perseguir la delincuencia hagan su trabajo sin diferencias ni preferencias de ninguna naturaleza.

La justicia y sus operadores en Bolivia no tienen la mejor imagen ante la ciudadanía por múltiples razones, pero he aquí que se les abre una enorme posibilidad de recuperar la credibilidad y el reconocimiento social, haciendo solo lo que les corresponde, aplicar la ley con los ojos vendados, como la diosa Themis que supuestamente los guía.

No hacerlo significará defraudar al pueblo que los sostiene y ponerse voluntariamente en la picota del escarnio, porque todo un pueblo ansioso de justicia los condenará y puede ser que esta vez no tenga ninguna otra posibilidad de recuperar esa confianza ciudadana. La decisión y la acción están en manos de ellos.