El juez en lo penal económico Javier López Biscayart resultó sorteado hoy para intervenir en la denuncia que presentó ayer el Gobierno nacional contra el expresidente Mauricio Macri y una decena de funcionarios. (Foto: Política Argentina)

Página 12/ Ahora El PUEBLO digital/

La denuncia del Gobierno argentino en contra de Mauricio Macri y una decena de funcionarios por la colaboración con material bélico a Bolivia le tocó a Javier López Biscayart, juez en lo penal económico, quien resultó sorteado este martes.

La demanda describe de manera minuciosa la sucesión de hechos que derivaron en el envío del armamento en 2019 que se justificó con una misión de protección del embajador, su familia y la Embajada argentina en Bolivia que protagonizaron 10 gendarmes integrantes del grupo Alacrán, reseña el diario argentino Página 12.

Pero los denunciantes afirman que esto tenía como objetivo el “ocultar una maniobra que convertía a sus autores en partícipes necesarios de delitos contra el orden constitucional en el país de Bolivia y de graves vulneraciones a los derechos humanos del pueblo boliviano”. Así lo dice el escrito que lleva la firma de la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, el ministro de Justicia, Martín Soria y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

La denuncia presentada por las autoridades argentinas señalan que se «contrabandeó armamento y municiones para reprimir civiles en apoyo a un gobierno de facto” y por eso, en principio, los acusan de contrabando agravado, que incluye armas y municiones de guerra, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y los delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación.

Los exfuncionarios macristas son acusados de eludir la participación del Congreso como entidad responsable de autorizar la salida de efectivos de la Gendarmería y del material bélico enviado con ellos, tal como lo establece la Constitución.

Al mismo tiempo, los denunciantes afirman que la maniobra de ocultamiento implicó violar tratados internacionales como el de comercio de armas, que prohíbe el envío de armas a un Estado que viva una situación de conflictividad como que por esos días atravesaba Bolivia y, por lo tanto, lo que hizo Macri fue intervenir en asuntos internos de otro país.

Además de Macri, Bullrich y Aguad, deberán responder ante la justicia el excanciller Jorge Faurie; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector General de Aduanas, Diego Jorge Dávila; el exdirector de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac), Eugenio Cozzi; el entonces jefe de la Gendarmería Nacional, Gerardo Otero; Rubén Carlos Yavorski, Comandante Mayor Director de Logística y Carlos Miguel Recalde, Director de la Dirección de Operaciones de la Gendarmería.

Todos éstos participaron, según la denuncia, de “un hecho delictivo que consistió en el envío irregular de armamento y municiones a Bolivia, a través de una adulteración en las cantidades y destinaciones declarados en las distintas instancias de control y, en particular, ante el servicio aduanero”, resume el diario argentino.

linkedin