Familiares de las víctimas de feminicidio lamentaron que el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene más de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no haya puesto en la agenda del debate la modificación de la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal. (Foto: Ministerio de Comunicación).

ABI / Bolivia Digital

Familiares de las víctimas de feminicidio lamentaron que el Movimiento al Socialismo (MAS), que tiene más de dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional, no haya puesto en la agenda del debate la modificación de la Ley 1173, de Abreviación Procesal Penal.

La norma que buscó agilizar la carga procesal fue empleada por los procesados de feminicidio e infanticidio para recuperar su libertad “con facilidad”. Las familias de estas víctimas de violencia pidieron en cinco ocasiones que se hagan ajustes en esta norma.

El martes, por ejemplo, un profesor acusado de violar a tres niñas, amparado en la cuestionada Ley 1173, obtuvo libertad condicional en Cochabamba, tras pagar una fianza de Bs 70 mil.

«Pone en riesgo la integridad de las víctimas y la de sus familias», dijo la abogada de las víctimas, Leonor Oviedo, del Centro Una Brisa de Esperanza.

El Legislativo debatirá dos leyes este viernes. Una para regular la emergencia por el COVID-19 y la otra es un convenio de financiamiento. De este modo, el análisis de las modificaciones a la Ley 1173 quedó relegado nuevamente. 

El MAS tiene 88 diputados y 25 senadores, que le significa más de dos tercios en el Legislativo, mientras que Unidad Demócrata (UD) tiene 32 diputaciones y nueve senadurías, y el Partido Demócrata Cristiano (PDC) 10 diputados y dos senadores.

La primera solicitud para reformar la Ley 1173 se registró el 15 de enero, entonces, los familiares de las víctimas de feminicidio pidieron de rodillas a la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, modificar esa norma, que se promulgó en mayo de 2019.

“Señora Eva Copa, está en sus manos que esta ley se modifique de manera inmediata», pidió Carla Ballón, una de las activistas que se movilizó en Cochabamba, en el marco de una manifestación nacional para solicitar la reforma de la mencionada ley.

Ese día, la presidenta Jeanine Áñez envió al Legislativo un proyecto de ley para modificar esa norma. La Mandataria solicitó reformarla para evitar que las familias de las víctimas tengan que demostrar en el plazo de seis meses la culpabilidad del feminicida.

La diputada de UD Scarlet Zambrana también presentó un proyecto para reformar la norma y pidió a sus colegas legisladores programar su debate. “Es una ley que beneficia a delincuentes, agresores y asesinos, dándoles la oportunidad de seguir en libertad a pesar de los crímenes que pesan en su contra» y «es el pueblo boliviano quien clama por la modificación», afirmó.

El 5 de marzo, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, demandó a los legisladores, en especial del MAS, que son mayoría, modificar la cuestionada norma.

«La Asamblea Legislativa no es para que esté en contra de su pueblo, hay gente que se está beneficiando de esto y no son capaces de hacer la modificación. La ley es buena, pero tiene dos o tres artículos que están perjudicando a la ciudadanía», apuntó Murillo.

El último pedido se registró el jueves pasado mediante el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, Huberth Vargas, quien expresó la preocupación e indignación del Gobierno por no haber analizado aún las modificaciones a una norma que afecta a la población.

La autoridad anunció que, mientras no exista la reforma legal, se activarán todas las herramientas jurídicas para garantizar el cumplimiento adecuado de la Ley 1173.

En Bolivia, del 1 de enero al 10 de abril, se registraron 33 feminicidios, con mayor incidencia en los departamentos de La Paz y Santa Cruz, con nueve casos cada uno. En Cochabamba seis; en Potosí tres; Pando y Chuquisaca dos casos en cada uno; en Oruro y Tarija un caso en cada departamento. Solo en la etapa de la cuarentena por el coronavirus se registraron seis casos.

La Jefa de Estado pidió a las autoridades judiciales aplicar «duras sanciones» contra quienes cometan actos de violencia hacia las mujeres y niños.

«Vamos a caer con todo el peso de la ley», aseguró la autoridad cuando anunció las medidas asumidas para prevenir la propagación del coronavirus en el país.