Una encuesta de la empresa Cies Mori detectó estableció que siete de cada diez bolivianos aprueban lo que está haciendo el gobierno de la presidente Jeanine Áñez para proteger a los bolivianos del coronavirus. Y los restantes tres sólo tienen objeciones referidas a la incomodidad de abastecerse de alimentos.

La misma encuesta midió que 85% de los bolivianos aprueban la declaratoria de emergencia que hizo el gobierno después de haber aplicado la cuarentena. Y siete de cada diez cree que no será posible suspender la cuarentena el 15 de abril.

Lo que viene a confirmar las sospechas de que las protestas que se han visto representan a una insignificante porción de ciudadanos, y que quizá sean movidos por motivos políticos, con recursos llegados del exterior.

Esta medición refleja la predisposición que existe en el país de aceptar estas medidas porque los bolivianos son conscientes de que el sistema de salud que ha dejado el gobierno del cocalero Morales juega a favor del virus.

Es probable que no lo hayan hecho a propósito, pero los responsables del anterior gobierno han dejado un terreno muy bien abonado para que el virus haga de las suyas en Bolivia.

No por nada un estudio realizado en Oxford ubica a Bolivia en el lugar de menor protección en el mundo entero.

Es que las organizaciones que hacen estos estudios tienen a su alcance las estadísticas oficiales de todos los países, donde figuran los montos que se han destinado a cada rubro en los últimos quinquenios, lo que les permite en este caso deducir que Bolivia no invirtió en salud los recursos que hubieran sido necesarios.

No se trata de prejuicios políticos o deducciones caprichosas: el estudio refleja la situación real en que se encuentra la salud en Bolivia, que es para ponerse a llorar.

Los bolivianos conocen muy bien la historia del padre Mateo Bautista, que fue expulsado del país por el gobierno del cocalero Morales solamente porque pedía que la salud reciba por lo menos 10% del presupuesto general.

Y saben que cuando el gobierno de Jeanine Áñez atendió ese pedido, el sacerdote fue a agradecerle, después de haber retornado al país.

En las redes sociales, sin que nadie lo haya coordinado ni obedeciendo a ninguna campaña de propaganda, se reproducen los discursos del cocalero Morales en que defendía su absurda e irresponsable tesis de que es mejor construir canchas de fútbol que hospitales.

Resultado de esa política es el estado lamentable en que se encuentra la salud en el país justamente cuando se necesitaría que fuera por lo menos regular, ahora que ha llegado el más peligroso virus de que se tenga memoria en el mundo entero.

El cocalero Morales y quien fue su ministro de economía, Luis Arce Catacora, deberían hacer un mea culpa y admitir que fue criminal la decisión que ambos tomaron de negarle a la salud los recursos que durante el auge destinaron al despilfarro y a la corrupción.

Eso está faltando en Bolivia: que el cocalero Morales diga públicamente que cometió un error criminal por el cual la salud pública no cuenta ahora con equipos, ni siquiera en mínimas proporciones.

Ya vendrá el momento de los juicios de responsabilidades. Por el momento, los bolivianos saben que el gobierno de Jeanine Áñez hace lo correcto.