La Reforma Agraria, puesta en marcha el 2 de agosto de 1953 en los campos de Ucureña en el departamento de Cochabamba, como una de las medidas de mayor importancia y trascendencia histórica de la Revolución Nacional, luego del triunfo de abril de 1952, bajo el principio de “la tierra es de quien la trabaja”, pretendió reparar una injusticia de siglos en los cuales la oligarquía se había apropiado de las tierras y había puesto en calidad de siervos a los legítimos dueños de este territorio.

Si bien en gran medida, especialmente en la zona del altiplano y los valles, se había logrado poner fin al latifundio, es decir a la existencia de grandes extensiones de tierra en manos de unos pocos propietarios, se había dado paso al surgimiento de una nueva figura que afectaba la situación de la tierra de manera dramática, el minifundio e, incluso, el surcofundio, como resultado de una división extrema de la propiedad, reduciendo drásticamente la capacidad productiva del agro.

Las dictaduras militares de los años sesenta y setenta, imposibilitadas ya de retroceder en un hecho histórico que marca la vida misma del país y de su mayoritaria población, pusieron sus ojos en las ubérrimas tierras del oriente boliviano, donde a título de la marcha hacia el oriente regalaron inmensas extensiones de territorio, altamente productivo, a unas cuantas familias muy próximas a la casta dominante y gobernante.

Ante la insostenibilidad de seguir adelante con el proceso de aplicación de la Reforma Agraria por todas las desviaciones en las que había caído, la proliferación de pequeñas propiedades casi improductivas en la zona andina y de los valles y el nuevo surgimiento de grandes latifundios en la parte oriental del país, se presentó la Ley 1715, en 1986, más conocida como Ley INRA, por las iniciales del Instituto Nacional de Reforma Agraria, que venía a reemplazar al antiguo Consejo Nacional de Reforma Agraria vigente desde 1953.

Esta nueva normativa, sin cambiar sustancialmente los principios de la Ley de Reforma Agraria, propuso un proceso de saneamiento de la propiedad agraria que consistía básicamente en la verificación del cumplimiento de la función económico-social de la tierra, para que sobre la base de ese criterio se ratifique o no el derecho propietario o se determine el retorno a manos del Estado para su posterior distribución.

El proceso de saneamiento iniciado a fines del siglo pasado atravesó una serie de percances en sus diferentes modalidades y no logró avanzar significativamente en su labor debido a los intereses que estaban en juego, particularmente en aquellas zonas donde las grandes extensiones de tierra se encontraban en pocas manos, casi siempre de empresarios y no de campesinos o indígenas, desvirtuando por completo el principio de la Reforma Agraria de dar la tierra a quien la trabaja.

A partir de 2006, como parte del proceso de cambio, se aprobó una ley de reconducción comunitaria de la Reforma Agraria que pretende subsanar todos los desvaríos de todo el proceso, recuperando el espíritu mismo de la Reforma Agraria.

Hasta ahora se ha logrado un 90 por ciento de avance en el saneamiento de la propiedad agraria, pese a lo sucedido durante el periodo golpista 2019-2020, en el que no solo detuvieron el proceso, sino que trataron de revertirlo devolviendo grandes extensiones de tierra a empresarios que fueron parte del golpe, como la familia Marincovic y otras.

La tenencia de la tierra trae consigo también otros problemas propios de esta labor que están siendo encarados oportuna y adecuadamente por el Gobierno, como el avasallamiento de tierras, el tráfico de ellas o un manejo inadecuado, pero asimismo está creando las condiciones para una verdadera revolución agraria al dotar de infraestructura caminera, riego, energía, además de créditos para inversión y un cada vez más sólido seguro agrario. Con todos estos elementos se encamina el país hacia la autosuficiencia alimentaria principalmente y a convertirse en un futuro próximo en un exportador de alimentos a gran escala.