Los últimos acontecimientos originados en el paro-bloqueo cívico cruceño han vuelto a poner en la mesa del debate aspectos muy delicados, como los riesgos del trabajo de los periodistas en medio de conflictos y la consiguiente pregunta sobre quién o quiénes deben garantizar la seguridad de estos trabajadores de la información.

Para absolutamente nadie es nada nuevo que el trabajo de los periodistas está rodeado de una serie de riesgos en todo momento, pero con mayor peligro cuando se encuentran desarrollando su labor en zonas de conflicto, y los periodistas estamos conscientes de estos riesgos cuando elegimos este trabajo.

Los conflictos bélicos, las guerras, nos han dejado un sinfín de historias sobre el sacrificio, en algunos casos hasta con la vida misma, de algunos periodistas comprometidos con su trabajo y que no midieron ningún límite para cumplir su misión.

En otro ámbito, en países que se encuentran atravesando conflictos internos de diverso orden, políticos o sociales, también el trabajo de la prensa ha tenido que atravesar situaciones complicadas, para decirlo de alguna manera, como por ejemplo en los casos de México o en Colombia, en temas relacionados con las mafias de narcotraficantes, donde las ejecuciones de periodistas que investigaban temas relacionados con estos grupos delincuenciales se hicieron casi moneda de curso corriente.

Es algo muy parecido lo que durante el último mes ha venido sucediendo en la ciudad de Santa Cruz, donde grupos delincuenciales se han apoderado de varios sectores de esta capital a nombre del paro-bloqueo, para extorsionar y violentar a los ciudadanos que necesitaban desplazarse por distiPrentos motivos. Todos estos abusos fueron registrados por periodistas de varios medios de comunicación y como reacción ante las evidencias fueron atacados por esos mismos grupos.

En principio fueron los periodistas de medios estatales, considerados por estos grupos como sus principales enemigos, puesto que fueron los únicos que tuvieron el valor de informar con evidencias sobre todas estas actividades delincuenciales. De la misma manera, amenazaron a periodistas y pretendieron tomar por asalto las instalaciones de Bolivia TV en Santa Cruz.

Estos ataques, dirigidos contra trabajadores de medios estatales, no fueron casuales, tenían una clara intencionalidad y todos sabíamos de dónde venían, lo curioso es que las organizaciones que agrupan a medios y a periodistas, supuestamente independientes, se hicieron las de la vista gorda y no se pronunciaron en absoluto acerca de estos atropellos.

Sin embargo, como toda espiral de violencia delincuencial, fue creciendo y empezó volcándose contra los mismos que la habían generado con sus mensajes de odio y violencia. Todos los periodistas se habían convertido en objetivos de estos grupos parapoliciales propiciados por el movimiento cívico cruceño y ahora recién salen a pedir garantías al Gobierno, cuando saben que, junto a ellos, existen culpables de haber propiciado este clima desde el Comité Cívico, la Unión Juvenil y otras organizaciones y es a ellos a quienes se debe exigir que cesen sus ataques a los periodistas y se garantice el trabajo de la prensa.