Entre 2006 y 2018, el gobierno del cocalero Morales destinó 4.000 millones de dólares a la propaganda, un monto que es más del doble del que destinó a salud o educación.

Ahora, poco a poco, se van descubriendo algunas cuentas de este festín que se dieron los amigos del gobierno del cocalero con toda esta multimillonaria fortuna destinada a la propaganda.

La ministra de Comunicación, Isabel Fernández, acaba de ofrecer algunas cifras de este escandaloso manejo de los recursos públicos.

Sólo en los últimos tres años de la dictadura masista, el periódico La Razón de La Paz recibió Bs 14 millones de la publicidad oficial, lo que beneficiaba al dueño de ese medio, el venezolano Carlos Gill Ramírez y a sus socios bolivianos, entre los cuales se encontraba Álvaro García Libera, que era el mandamás del matutino.

La Razón fue comprada por Gill y de inmediato procedió a despedir a periodistas que eran incompatibles con el masismo, comenzando por algunos columnistas, sin pagarles ninguna indemnización, porque así lo decidía la “justicia” del gobierno.

Algo parecido ocurrió con la red ATB, que fue comprada por el mismo venezolano, primero en sociedad con el embajador de ese país en Bolivia y luego convertida en una sociedad anónima de la que formó parte Jimmy Iturri, con un aporte millonario de muy sorpresivo origen.

El informe de la ministra Fernández muestra el escandaloso manejo de la publicidad oficial y menciona el caso inverosímil de medios no existentes pero que tenían abultadas cuentas de publicidad, lo que es el colmo del descaro y la corrupción, con grandes sumas de dinero procedente de los impuestos que pagan los bolivianos. Medios que no existían pero que recibían publicidad oficial, mientras medios existentes pero independientes, se quedaban sin recibirla.

El gobierno que ha fatigado la infamia en todas las áreas donde actuó. inflaba las arcas de medios y periodistas serviles, mientras negaba publicidad a medios que se atrevían a ser independientes.

Algunos medios independientes tuvieron que sufrir la presencia de dos o tres funcionarios del SIN, permanentes, en sus oficinas, que equivalían a una advertencia constante para que no dieran lugar a informaciones o comentarios que no fueran del gusto del gobierno del cocalero. Las multas por infracciones inventadas estaban siempre listas para castigar a esos medios, como una forma de extorsión al estilo de la mafia.

Se sabe de famosas radioemisoras que tuvieron que doblegarse ante la presión del propio cocalero Morales para despedir a periodistas, aplicar listas negras en programas de opinión, o directamente suprimir programas donde participaban analistas o periodistas críticos del masismo.

Hace bien el gobierno en dar a conocer los detalles de esta veta de corrupción que manejó el cocalero.