Por: Verónica Torras/

En mayo de 2013, pocos días después de la muerte del dictador Jorge Rafael Videla, el dirigente peronista José Manuel De la Sota dijo públicamente que la sociedad argentina necesitaba un “baño de reconciliación” y propuso conmutar las penas de los responsables de crímenes de lesa humanidad a cambio de información.

Esta semana, apenas esparcidas las cenizas de Hebe de Bonafini en la Plaza de Mayo, José Claudio Escribano se lamentó en una entrevista televisiva porque el indulto y la conmutación de pena son términos tabú en el debate público argentino, habló de sentar las bases de una amistad política y social, e instó a la prensa y a la oposición a retomar la agenda por memoria, verdad y justicia completa.

Poniendo en evidencia que la desaparición es un anhelo perdurable, Escribano explicó que era necesario depurar el campo político de sus componentes tóxicos, a los que no mencionó con nombre y apellido porque se cae de maduro, y en la conversación dejó deslizar una sorpresiva parábola que podría llevar de un eventual indulto a la vicepresidenta Cristina Kirchner (descontada su condena la próxima semana), al de los responsables por delitos de lesa humanidad, que cumplen su pena en prisión común o domiciliaria.

Indultar y juzgar entonces como monedas de cambio de un nuevo tablero político invertido donde las fronteras de la democracia se ponen en juego. De ahí las comparaciones impertinentes entre el alegato del fiscal Strassera en el Juicio a las Juntas y el de Luciani, el entusiasmo previo con una Conadep de la corrupción, el ensayo por volcar la energía social del proceso de memoria, verdad y justicia en el molino de la purificación política por otros medios.

Aunque en el reportaje que dio esta semana, Escribano comenta que la Asociación Nacional de Diarios y Revistas de la Argentina, en 1998, durante su presidencia, reconoció la escasez de ejercicio crítico de la prensa durante la dictadura, sabemos que en el mes de mayo de 2003, él mismo transmitió al presidente electo Néstor Kirchner en la casa de su entonces jefe de campaña Alberto Fernández, los postulados de la amistad política según La Nación, que incluían, antes como ahora, la defensa de lo actuado por las Fuerzas Armadas y el rechazo de su juzgamiento.

Recordamos también cómo se anticipó su periódico en noviembre de 2015 a darle la bienvenida al presidente electo Mauricio Macri con aquella editorial “No más venganza” que llamaba a terminar con las mentiras sobre los años 70 y con las violaciones de los derechos humanos sufridas por los militares procesados y condenados en los juicios por delitos de lesa humanidad, amortiguada por el repudio de los trabajadores del diario.

Ahora, frente a lo que evidentemente prefigura como un nuevo escenario de transición política, Escribano insiste con su planteo y alienta a la oposición a hacerlo suyo, al mismo tiempo que reconoce a la derecha extrema por ser una adelantada en este terreno. Tomemos nota de este nuevo llamado a enarbolar la inequitativa distribución de la persecución penal entre los responsables del terrorismo de Estado y los militantes de las organizaciones armadas, que sólo persigue el fin de la condena pública a la dictadura y la habilitación de un nuevo orden