Magda Lidia Calvimontes Calvimontes (*)

“Las elecciones nacionales no sólo deben garantizar los derechos fundamentales a la vida, a la salud sino a ejercer el derecho a sufragar sin impedimento”.

Desde la promulgación de la Ley a Convocatoria a las Elecciones, el país se debate en dos posiciones encontradas, las que definieron algunas organizaciones políticas y fueron respaldadas por el Órgano Electoral y la Asamblea Legislativa Plurinacional, ambos órganos con influencia del dirigente nacional del MAS-IPSP, y las y los ciudadanos de a pie que exigimos que se posterguen las elecciones dado que el derecho a la vida y el derecho a la salud, están por encima del derecho a sufragar, derecho que en esta coyuntura, estaría igualmente siendo vulnerado.

Para poder comprender que es deber del Estado a través de las funciones y atribuciones de los órganos del poder público, el garantizar los derechos a la salud y a la vida por principio de jerarquía normativa sobre cualquier otro derecho, cabe hacer memoria, del por qué como Constituyentes, decidimos denominar estos derechos  como “fundamentalísimos”   en el capítulo II de la Constitución y no como “fundamentales” como fue modificado por el Congreso el 2008.

Más allá de lo que puedan decir constitucionalistas, el espíritu constituyente del nomen juris  se aprobó “fundamentalísimos” porque el poder constituyente consideró que los derechos a la vida y a la integridad física (art. 15), al agua y a la alimentación (art. 16), a la educación (art. 17), a la asistencia sanitaria (art. 18), a una vivienda adecuada (art. 19) y a servicios básicos (art. 20)  sean función suprema del Estado y primera responsabilidad financiera , pero la modificación del Congreso del 2008 dejó esta denominación únicamente para la salud y la educación.

De manera, que el derecho a la salud, es función suprema y primera responsabilidad financiera del Estado a través de los órganos del poder público como el Órgano Electoral así como de las instituciones de defensa y control, como la Defensoría del Pueblo, que deben garantizar el ejercicio pleno de éste derecho.

Ahora bien, los derechos políticos y sociales, no son derechos fundamentalísimos, pero son parte de las bases fundamentales del Estado, y dentro de éstos, se encuentra el derecho al sufragio, estipulado en el artículo 26 de la CPE, que dispone que: (…) “ II. El derecho a la participación comprende: 1. La organización con fines de participación política, conforme a la Constitución y a la ley. 2. El sufragio, mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los dieciocho años cumplidos”.

De manera que la Constitución instituye el derecho al sufragio mediante voto obligatorio, de ahí que al ser el sufragio un derecho, obliga al Estado, que haga todo lo necesario para que los ciudadanos y ciudadanas puedan votar sin discriminación alguna, sin impedimento alguno, es decir que no debe existir ninguna razón por la que miles y miles bolivianos no ejerzan su derecho al sufragio.

De realizarse las elecciones nacionales convocadas para el 6 de septiembre, el ausentismo en las mismas será altísimo, en especial en las áreas urbanas, dado el incremento exponencial de contagios considerando los datos alarmantes que informan de 59.582 casos confirmados, 8.646 sospechosos, apenas 18.553 recuperados y 2.151 fallecidos.   Y ello es porque el contagio por coronavirus se encuentra en la fase de contagio por manada, dado que existen personas que son asintomáticas que se encuentran circulando y contagiando sin saber que están con el virus. 

La Covid-19 y las elecciones nacionales nos tiene a todos los bolivianos y bolivianas en ascuas, donde el Órgano Electoral, ni siquiera tiene la capacidad de proporcionar medidas de bioseguridad a su propio personal, sumado a la indisciplina social y a la falta de infraestructura hospitalaria que permita realizar la internación inmediata de pacientes con fallas respiratorias u otros que ameriten internación o atención mínima, se tarda más de una semana para que personas sospechosas de coronavirus obtengan los resultados del test, no hay medicamentos, ni personas donadoras de plasma.

Ir a elecciones nacionales en estas condiciones no sólo generará que se multipliquen exponencialmente los casos confirmados y los fallecimientos, sino que muchos no iremos a ejercer nuestro derecho al sufragio a través del voto, por diferentes razones: mayores de 60 años, personas con enfermedades de base, madres y padres con hijos menores de 5 años, y personas que decidirán por su vida, por su salud, pero se les vulnerará su derecho a sufragar, su derecho político de elegir a sus representantes.

Un simple ejemplo, en mi familia somos entre padres e hijos 7, de ellos mis dos padres son mayores de 60 años, 2 de mis 4 hermanos tienen una enfermedad de base, una hermana tiene dos enfermedades de base, la menor no tiene enfermedad de base, pero tiene un niño de 5 años de edad; entonces de los 7, sólo yo podría ir a votar pero con el riesgo de contagiarme y por ende contagiar al resto de mi familia, no lo haré porque el Órgano Electoral no nos garantizará que no nos contagiemos, ni con efectivas medidas de bioseguridad ni con el control de los votantes el día de las elecciones, que aún no han comprendido muchos de ellos que el covid-19 tiene consecuencias letales.

No garantizar el derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho al sufragio de quienes no iremos a votar por estar impedidos generará responsabilidades al Órgano Electoral, que tiene toda la potestad constitucional para definir la suspensión de las elecciones hasta que los riesgos de la pandemia estén mejor controlados, por ser un ORGANO del Poder Público, no una simple institución. El no asumir esta responsabilidad bien puede llevar a que se conviertan en GENOCIDAS las elecciones fijadas para el 6 de septiembre de 2020, con consecuencias que deberán ser asumidas por quienes las lleven a cabo contra viento y marea.

(*) Exasambleísta constituyente