Está resultando un mecanismo muy práctico y de fácil aplicación el declararse víctima de persecución política o gubernamental sin necesidad de ningún respaldo serio que acredite tal situación, pero además olvidando que en realidad ellos fueron parte activa de una verdadera persecución antidemocrática y dictatorial en contra de ciudadanos que pensaban de manera diferente.

Quien comete un delito y es denunciado debe ser investigado, y si es hallado culpable debe ser sancionado como manda la ley. Nadie puede estar por encima de la ley, nuestra normativa no reconoce fueros especiales. Ni los sacerdotes, ni los periodistas, ni los militares o policías pueden pedir ningún tratamiento especial que no esté consignado en la ley.

El caso de los periodistas es más evidente. La Ley de Imprenta, aun cuando ya tiene un siglo de existencia y puede observar su actualidad, protege aspectos puntuales de la actividad periodística, como la libertad de expresión y la libertad de opinión, el secreto de fuente, y establece al tribunal de imprenta como el único que puede conocer las faltas o delitos cometidos a través de la prensa, cuando estos hubiesen afectado a servidores o funcionarios públicos.

 Sin embargo, cuando los periodistas son acusados de la comisión de otro tipo de delitos de carácter común, al igual que cualquier otro ciudadano, deben responder ante la jurisdicción ordinaria y allí demostrar su inocencia si es que corresponde. Es totalmente ilegal, pero además incoherente, alegar su calidad de periodistas para evitar responder por sus actos.

Pero mucho más llamativo es aquello que pretenden instalar algunos medios de comunicación, como asfixia gubernamental. Toda empresa, y los medios de comunicación comerciales son eso, tiene obligaciones con el Estado y con sus trabajadores, por una parte y, desde luego, con el público, por otra. Todas las empresas, sin importar el rubro o el tamaño de ellas, son sujetos permanentes de fiscalizaciones destinadas a verificar que sus actividades se enmarcan en la ley, en temas de pago de impuestos, cumplimiento de obligaciones con sus trabajadores, aportes al seguro de salud y a las administradoras de fondos de pensiones, entre otros.

Quienes tienen en orden sus obligaciones, no tienen por qué escudarse en una imaginaria persecución política. La mayoría de las empresas del país cumplen con lo que manda la ley y no tienen nada que temer y trabajan con la protección del Estado. Solo quienes quieren burlar la norma buscan otras salidas. Pero, además, es bueno puntualizar que la prosperidad o no de un negocio no depende del Estado, sino de quienes lo administran. Si no tuvieron la capacidad para ser exitosos, deberán revisar las razones que impidieron que eso suceda.

El Estado no tiene la obligación de asistir económicamente a ningún emprendimiento privado. Es evidente que tiene que brindar las condiciones básicas para un adecuado funcionamiento y otorgar la seguridad jurídica necesaria para que los emprendimientos sean prósperos y sean útiles al país. Igual criterio debe considerarse cuando se habla de la pauta gubernamental en medios de comunicación, pues ésta responde a criterios técnico comunicacionales. De la misma manera, otros niveles de gobierno subnacional, como gobernaciones o municipios, asignan su pauta a determinados medios, sin que esto signifique asfixia económica ni tampoco aliento a emprendimientos comunicacionales.