Infografía: Yuri Rojas

Redacción Central /

La directora de Prevención y Eliminación de Toda Forma de Violencia en Razón de Género y Generacional del Ministerio de Justicia, Claudia Peña, informó que un estudio elaborado en esa cartera de Estado da cuenta de que la violencia más frecuente es la familiar.

“La violencia familiar es el delito más denunciado en el país, se denuncia más violencia familiar que robos, que hurto, peleas, que lesiones, el delito más cometido es de violencia familiar y éste es un dato que se da en los últimos cuatro a cinco años en el país”, aseveró Peña en el programa Contragolpe de la Red Patria Nueva.

La directora señaló que en los años de vigencia de la Ley Nº 348 Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, las denuncias se multiplicaron por cuatro y eso no quiere decir que antes había menos violencia, esa violencia era normalizada y ocultada, pero hoy la víctima alza la voz en contra de la injusticia.

Las normas vigentes establecen que si una mujer sufre uno o más tipos de violencia puede denunciar de manera inmediata en los Servicios Legales Integrales Municipales (SLIM), la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV), la Fiscalía o Ministerio Público, el Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges), Instituto de Investigación Forense y Centros de Salud (IDIF), la Defensoría del Pueblo y los Servicios Integrales de Justicia Plurinacional (SIJP).

Estas entidades tienen la obligación de recibir la denuncia, atenderla y brindar protección a la víctima en caso de que su integridad o su vida corra peligro, garantías que son posibles debido a que Bolivia cuenta con una de las normativas más completas de la región.

En el país existe una ruta crítica de atención en caso de violencia contra mujeres en el marco de la normativa vigente.

Primero se debe identificar uno de los 16 tipos de violencia, física, psicológica o sexual.    

En caso de estar en riesgo se puede llamar al 800100348, 800140348, 110 o 120, y se debe buscar ayuda médica de manera inmediata.

2 de 3 mujeres padecen alguna forma de violencia o conocen a alguna de ellas que la sufra, según la ONU.

Como medida de protección el fiscal debe prohibir al agresor cualquier forma de comunicación contra la víctima y debe investigar el hecho.

Está permitida la conciliación por única vez, pero está prohibida en actos que atenten contra la integridad física o sexual de una mujer.

El director de la investigación debe efectuar la imputación contra el agresor en el plazo establecido.

Para establecer la sentencia, el juez escuchará a ambas partes, recibirá las pruebas e emitirá un fallo.

Un nuevo informe de ONU Mujeres, basado en datos de 13 países, señala que desde la pandemia, dos de cada tres mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la sufría. Por desgracia, sólo una de cada 10 dijo que recurriría a la policía por ayuda.

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