La idea de volver a restablecer la relación de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue una iniciativa del gobierno neoliberal de Jeanine Añez. No puede ser considerado un error porque esa decisión está enmarcada en la concepción de que la política económica en Bolivia debe ser controlada por ese organismo internacional, a través de las condiciones que impone en los acuerdos de financiamiento.

El 10 de abril del año pasado, durante la gestión del gobierno de facto, mediante una carta de intención dirigida a Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, el ministro de Economía y Finanzas Públicas José Luis Parada y el presidente del BCB Guillermo Aponte, a nombre de  Bolivia, solicitaron asistencia financiera para cubrir las necesidades urgentes de balanza de pagos emergente de la variación en curso en sus términos de intercambio, la desaceleración de los flujos de capitales y el aumento repentino de las necesidades de gasto en atención de la salud, precipitadas por la pandemia del Covid-19.

Nada es gratis en la vida, todo tiene un costo y en esa ocasión las autoridades resolvieron sacrificar a las empresas estatales. El documento establece que el “gasto adicional se solventará acelerando las reducciones proyectadas en los gastos de capital de las empresas públicas. Si la crisis se profundizara o se prolongara, las autoridades tratarían de generar nuevas reducciones en los gastos de capital de las empresas públicas”.

Luego de una evaluación de la propuesta gubernamental y tras verificar la capacidad de endeudamiento del Estado y de repago al FMI, el Directorio Ejecutivo del organismo aprobó la solicitud de asistencia financiera de emergencia de Bolivia de aproximadamente $us 327 millones (equivalentes a 240,1 millones Derechos Especiales de Giro-DEG). Más allá de la cifra, lo que cuenta es la intención de un gobierno dispuesto a destruir todo lo construido a lo largo de catorce años de reforma estructural de la economía.

En toda negociación alguien gana y el otro pierde. En el caso del empréstito en cuestión el FMI, que sale beneficiado por esta transacción, salió al frente para justificar el acuerdo y tratar de atenuar las críticas. Su portavoz Gerry Rice manifestó que el mencionado crédito no tiene condicionamientos, pese a que en el documento se menciona expresamente de dónde vienen los fondos.

En concreto se sacrifica la inversión de las empresas del Estado para reducir el déficit fiscal de manera gradual con el consentimiento de ese organismo, ya que aprobó el crédito luego de aceptar las propuestas y argumentos esgrimidos por las autoridades transitorias. En síntesis, el acuerdo con el FMI estaba orientado a volver a la etapa más negra de la historia boliviana, el periodo neoliberal en el que se alcanzaron alarmantes niveles de pobreza y extrema pobreza. Éste es el contexto de una noticia que es la portada de este diario hoy.

En defensa de la soberanía económica del país y el respeto a la Constitución Política del Estado (CPE), el BCB, que administra las obligaciones externas del país, realizó la devolución de 346,7 millones de dólares estadounidenses al FMI, equivalentes a 240,1 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG), mismos que fueron gestionados irregularmente por el gobierno de facto en abril de 2020.

El documento del ente emisor aclara que este préstamo, además de ser irregular y oneroso por las condiciones financieras, generó costos económicos adicionales y millonarios al Estado boliviano, que a febrero de 2021 suman 24,3 millones de dólares estadounidenses, de los cuales 19,6 millones son por variación cambiaria y 4,7 millones producto de comisiones e intereses. Otra vez, nunca está demás decirlo, el neoliberalismo causa daños irreparables al país.