¿Está bien que en toda circunstancia de la vida pública del país las autoridades nacionales y representantes de la sociedad civil se pronuncien acerca los acontecimientos luctuosos que dejó el golpe de Estado de 2019? Si, en democracia es una obligación porque en esos hechos murieron compatriotas bolivianos y los responsables deben ser procesados en el marco de las leyes vigentes.

Durante la inauguración de la Fexpocruz, los medios de comunicación opositores hicieron énfasis en las alusiones del sector empresarial al Gobierno y el discurso del presidente Luis Arce Catacora, quien con gran elocuencia mostró los resultados de las políticas públicas en materia social y económica, principalmente, por la crisis sanitaria del Covid-19 y el decremento de la economía que sufrió el país el año pasado.

Es natural que algunos medios opositores se hayan centrado en la intervención del Jefe de Estado, pero lo que no esperaban es que discurra en las secuelas que dejó la mala gestión del gobierno de facto, una experiencia que nunca más debe repetirse en el país por el saldo negativo y las nefastas consecuencias.

Al sector empresarial conservador, ligado al pensamiento neoliberal, y a los opositores, en general, no les gusta que les recuerden los horrendos crímenes cometidos por el gobierno que apoyaron, en realidad quieren borrón y cuenta nueva, que todos se olviden de los muertos y que no se procese a nadie por los asesinatos, en síntesis, quieren impunidad.

Ante esa ignominiosa indiferencia, hace bien el Presidente en reflexionar sobre este penoso tema, porque la democracia no sólo es el voto, se asienta sobre la base de las leyes. La institucionalidad del país emergente de la Constitución Política del Estado descansa sobre la base de un marco normativo que todos los bolivianos están obligados a cumplir, de manera que los responsables de los asesinatos y de la violación de los derechos humanos deben pagar por los delitos que cometieron.

En ese contexto, entre varios temas debatibles, llama la atención que durante la inauguración de la Expocruz 2021, el representante de la Cámara de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz, Fernando Hurtado, haya señalado que el “sector empresarial no busca el poder político, de eso se preocupa la clase política, eso no quiere decir que no podamos entrar a discutir ideas”.

Estas aseveraciones muestran a directivo como un individuo que descree de la realidad y miente sin rubor. Sectores empresariales respaldaron al gobierno de facto y aprovecharon esa administración para obtener beneficios del Estado, como la otorgación de tierras a favor de sus afiliados, por ejmplo.

No sólo eso, el 14 de noviembre de 2019, inmediatamente después de haberse consumado el golpe de Estado, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, a través de un comunicado público, expresó su beneplácito por el nombramiento y posesión de Jeanine Añez como presidenta. “(…) En el marco de la sucesión constitucional y el principio de continuidad institucional”. Además, en criterio de esa entidad, la administración golpista garantizaba la vigencia plena del sistema democrático y, sobre todo, generaba las condiciones para pacificar y normalizar las actividades en el país.

Lo anterior evidencia que el cuento de que el empresariado no busca del poder político, no es creíble. En realidad, durante las dictaduras militares, el sector privado siempre estuvo vinculado a los gobiernos militares y durante el periodo neoliberal respaldaron las privatizaciones, es más tenían cinco representantes en el gabinete de ministros.

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