Reforzar el sistema de salud en cada uno de los Estados miembros debe ser la prioridad de las autoridades gubernamentales.

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Los representantes diplomáticos de 58 países del planeta, entre ellos Bolivia, emitieron una declaración conjunta para la protección de la salud, los derechos sexuales y reproductivos, además de dar una respuesta de género ante la crisis del COVID-19. Además, acordaron que estos temas deben ser de carácter prioritario de las naciones.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) gestionó el encuentro de las autoridades diplomáticas con el fin de establecer lineamientos de trabajo conjunto. A la vez convocaron a todos los actores para apoyar la respuesta a la emergencia sanitaria, pero sobre todo coadyuvar a los países más vulnerables.

«Es crucial que los líderes del mundo reconozcan la importancia del Acceso Universal a los Servicios de Salud en emergencias y la necesidad de construir sistemas de salud robustos que salven vidas. En este contexto, son esenciales los servicios de salud sexual y reproductiva. Nos volvemos a comprometer con la inmediata puesta en práctica de la declaración política sobre el Acceso Universal a los Servicios de Salud», dice el documento.

En el encuentro virtual que sostuvieron los diplomáticos participó la canciller de Bolivia, Karen Longaric, quien resaltó las políticas que implementa el Gobierno para frenar la propagación del patógeno.

Además, resaltaron que la financiación de la salud, los derechos sexuales y reproductivos debe seguir siendo una prioridad para evitar el aumento de la mortalidad materna y neonatal. Advierten del incremento de las necesidades no satisfechas de anticoncepción y un mayor número de abortos inseguros e infecciones de transmisión sexual.

«Es por eso que apoyamos la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas titulada ‘Solidaridad Global en la lucha contra el COVID-19’ y alentamos a todos los gobiernos, al sector privado, a la sociedad civil, a los filántropos y otros grupos a que se unan a nosotros para apoyar la respuesta a la emergencia, especialmente en los países más vulnerables, y para dar efecto al compromiso global de acceso universal a los servicios de salud».

Por otra parte, recordaron que la pandemia tiene un impacto devastador en los sistemas de salud, las economías y la vida de sus habitantes, además de afectar el bienestar de todos, especialmente de los adultos mayores. Consideran que se requiere de la solidaridad y la cooperación de todos los gobiernos del mundo, la comunidad científica, los actores de la sociedad civil y el sector privado para salir del problema que aqueja a todo el planeta.

Asimismo, advirtieron que esta situación empeoró la desigualdad que sufren las mujeres y niñas e incrementó la discriminación de grupos marginados, como las personas con discapacidad y las poblaciones que viven en extrema pobreza.

Corren riesgo los derechos humanos de mujeres y niñas. De hecho, la participación y protección de este sector de la población deben ser centrales en los esfuerzos para detener el virus. «Es imperativo que en la respuesta al COVID-19 se tenga en cuenta el género y los impactos que la detección, el diagnóstico y el acceso al tratamiento del virus tienen sobre las mujeres y los hombres».