Juan Paredes Castro
 

Las reglas de oro de una guerra advierten que no se puede pelear con éxito en tres frentes al mismo tiempo.

Los países latinoamericanos, con los politraumatismos que adolecen en estos tiempos, están prácticamente obligados a contradecir esta regla de oro, añadiendo, para remate, un cuarto frente de pelea.

Con menos dictaduras que antes pero con autoritarismos aún arraigados en la cultura política; con más democracias que antes pero con casi todas ellas incipientes y erráticas; y con los males de pobreza, salud y educación arrastrados en estadísticas de poca credibilidad, los países de este lado del mundo no tienen otra opción que pelear su guerra contra el subdesarrollo en más de los tres frentes clásicos: 1) por mejores gobiernos, 2) por mejores instituciones políticas y judiciales, y 3) por mejores servicios sociales.

De ahí que se haya puesto tan de moda el clamor por reformas aquí y allá. La pregunta es si las sabremos hacer bien, después de todas las que hemos hecho mal.

Hay, en efecto, un cuarto frente clave de pelea, en el que si no se vence se perderá en los otros tres. 

Es el frente de los controles de daño del Estado, que ningún gobierno quiere asumir y fortalecer de verdad. Cuanto menos controles de daño válidos tiene un Estado, más desatiende un gobierno su rendición de cuentas y más aumenta su tentación autoritaria y sus mecanismos de corrupción e impunidad.

Esta es la trampa en la que viven los países latinoamericanos, a los que no les basta la libre y democrática elección de sus mandatarios, porque estos y todo lo que hacen acaban mal; a los que no les basta coexistir bajo reglas de juego constitucionales y políticas civilizadas, porque estas no se cumplen o se cumplen mal; a los que no les basta exhibir crecimientos económicos del Primer Mundo, del 1% y el 2%, donde muchas cosas ya están resueltas, como las infraestructuras y los servicios sociales, sino perseguir crecimientos económicos sobre el 4% y el 5%, que permitan una distribución social capaz de sacarlos del hoyo de la pobreza, el desempleo, el analfabetismo y la desnutrición crónica.

¿Cuáles son esos controles de daño que no pueden faltarle a un Estado democrático?
En primer lugar, los controles de daño constitucionales, de modo que, con el ejemplo de lo ocurrido en el Perú, las fuerzas armadas, por más subordinadas que estén al Poder Ejecutivo, no puedan ser utilizadas contra otro poder del Estado, como el Legislativo. 

En segundo lugar, los controles de daño institucionales, capaces de impedir y castigar el abuso y el desequilibrio del poder, cuando las estructuras gubernamentales, legislativas y judiciales atentan contra las libertades y derechos humanos y civiles. 

En tercer lugar, los controles de daño sociales, que hagan posible que los servicios básicos como la seguridad, la educación y la salud sean administrados con el más alto grado de eficiencia, evitando que el populismo, la demagogia y la corrupción distorsionen, manipulen y degraden sus mejores metas y objetivos.

Si queremos, pues, mejores gobiernos, mejores instituciones políticas y judiciales, y mejores servicios sociales, el Estado no puede carecer de controles de daño reales y efectivos, previos y contingentes. 

Allí reside buena parte de su razón de ser, de su fuerza y de su respuesta a las exigentes expectativas ciudadanas.

Siendo una característica frecuente y común en los países latinoamericanos los pobres resultados de gestión pública, los gobiernos tienen que modernizar y empoderar sus sistemas de control. Y más aún sus sistemas de control de daños. 

Las contralorías de la región tienen que ser cartas de confianza de que los servicios sociales básicos, desde la salud hasta la seguridad, pasando por la educación y el transporte, no sean una estafa.

Los controles de daño en un hospital o en una clínica salvan muchas vidas. 

Los controles de daño en un Estado salvan muchas vidas, además de derechos, beneficios y dignidades.