Reynaldo J. González/Bolivia Digital

Un estudio de la Fundación Aru, apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Bolivia, señala que los bonos Familia, Canasta Familiar y Universal otorgados por el Gobierno central durante la emergencia sanitaria por el coronavirus (COVID-19) beneficiaron directamente a millones de hogares con niños, niñas y adolescentes, en especial de sectores pobres y vulnerables.

De acuerdo con una nota de prensa institucional, el estudio titulado “Protección de la niñez y adolescencia frente a la crisis COVID-19: elementos para la discusión” fue elaborado para identificar el impacto que tiene la emergencia sanitaria sobre los hogares con niños, niñas y adolescentes, así como las ayudas económicas que el Gobierno dispuso para mitigar estos impactos.

El documento señala que la emergencia sanitaria del coronavirus planteó la necesidad de fortalecer las políticas de protección social de mediano y largo plazo, que involucren una ampliación de su cobertura, con el fin de evitar que grupos sociales queden en condiciones de alta vulnerabilidad. En este sentido, Unicef propone considerar su extensión a otras entregas.

“La magnitud de los efectos y la extensión y/o ciclicidad de la crisis sanitaria exige pensar en nuevas entregas de los bonos (…), únicamente el pago combinado de los tres beneficios (Bono Familia, Canasta Familiar y Bono Universal) logra que las pérdidas netas se aminoren sustancialmente”, afirma.

La investigación recomienda además la revisión y eventual reformulación del Bono Juancito Pinto, el Bono Juana Azurduy, la entrega del Subsidio de Alimentos e inclusive la adecuación del Sistema Único de Salud, “que no solo podrían contribuir a enfrentar la crisis, sino que permitirían proyectar un sistema de protección social con una mayor capacidad para proteger los derechos básicos de la niñez”.

El documento fue elaborado con base en información de la Encuesta de Hogares de 2018 levantada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y recomienda, además, “continuar con una agenda de investigación acerca de un previsible segundo golpe de la crisis del COVID-19 sobre los puestos de trabajo de los asalariados, especialmente micro y pequeñas empresas”.

Según la nota de prensa institucional, el documento es la primera investigación realizada sobre la emergencia sanitaria por COVID-19 y las acciones gubernamentales tomadas para apoyar a las poblaciones vulnerables.