Infografía: Javier Pereyra

 

FREDDY CHOQUE / BOLIVIA DIGITAL

Con el fin de fortalecer la producción agrícola y mitigar los efectos causados por el coronavirus en la economía nacional, el Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 4232 que autoriza al Comité Nacional de Bioseguridad (CNB) realizar ensayos con semillas genéticamente mejoradas de maíz, caña de azúcar, algodón, trigo y soya destinada al consumo interno y de exportación.

La norma, promulgada la pasada semana por la presidenta Jeanine Áñez, da vía libre para que en Bolivia se estudie el uso de semillas transgénicas, que luego de evaluaciones científicas y técnicas permitan elegir y usar nuevos eventos en el campo. A la fecha, solo se trabaja con uno para la soya, resistente al glifosato (herbicida).

De acuerdo con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, el uso de semillas transgénicas permitirá fomentar la productividad y fortalecer la seguridad alimentaria en el país, y a la vez generará mayores ingresos en las exportaciones. “Esto creo que puede ser una respuesta importante para fomentar una mayor productividad, fortalecer la seguridad alimentaria boliviana y generar más ingresos en las exportaciones”, sostuvo.

La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), a través de su presidente, Marcelo Pantoja, respaldó la decisión del Gobierno de permitir al sector productivo el acceso al uso de la biotecnología con la evaluación de nuevos eventos de semilla genéticamente mejorada.

Señaló que la medida permitirá mejorar los niveles de productividad y competitividad, además de hacer frente a los efectos climáticos adversos, que generaron cuantiosas pérdidas productivas y económicas en los últimos cuatro años. “Con la medida asumida, el Gobierno está generando condiciones más adecuadas para que los productores continúen produciendo alimentos para garantizar la seguridad alimentaria, más aún en estos momentos por la pandemia del coronavirus”, sostuvo.

Detalló que el uso de la biotecnología permitirá a Bolivia nivelarse con los países vecinos (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), donde utilizan esta tecnología desde hace más de 15 años. Indicó que el impacto productivo y económico será importante, porque permitirá que la agropecuaria se pueda convertir en uno de los principales sectores que contribuya a la recuperación económica que necesita el país.

“Estimamos que podemos llegar a triplicar la producción anual de granos de 4,5 millones de toneladas (t) actuales a 12 millones de t, con un movimiento económico de $us 2.800 millones, que serían distribuidos en toda la cadena productiva con un efecto multiplicador importante para dinamizar la economía y para generar más de 300 mil empleos directos e indirectos”, apuntó Pantoja.

EVALUACIÓN

Ante versiones de rechazo de organizaciones, instituciones y colectivos ambientales, la ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco, aclaró que el Decreto Supremo 4232 solo aprueba un procedimiento evaluativo para ver la factibilidad o no en el uso de biotecnología en determinados cultivos.

“En ningún momento se ha aprobado directamente el uso de semillas genéticamente modificadas; lo que se ha hecho es aprobar un procedimiento abreviado para que la Comisión Nacional de Bioseguridad sea la que defina, con estudios en campo, si pueden o no ser aplicadas”.

Indicó que ante la crisis mundial por el coronavirus, el país debe analizar los mecanismos que permitan producir más alimentos, principalmente para garantizar el consumo interno. Recordó que en 2005, en el gobierno del entonces presidente Carlos Mesa, ya se aprobó la producción y comercialización de soya transgénica resistente al herbicida glifosato, que luego se elevó a rango de ley en la gestión del MAS.

Entre 2005 y 2015, el uso de biotecnología en la producción de soya permitió al país un ahorro de $us 177 millones en la compra de herbicidas y evitó un desmonte de 230 mil hectáreas; además, se registró una producción adicional de 4 millones de toneladas del producto y su exportación generó $us 1.700 millones adicionales.

Sectores cuestionan uso de semillas transgénicas

Diferentes sectores expresaron su rechazo al Decreto Supremo 4232, como el Movimiento Agroecológico Boliviano (MAB) conformado por 38 instituciones, colectivos y organizaciones de productores ecológicos.

A través de un comunicado, advirtió que la medida gubernamental pone en riesgo la diversidad genética de las semillas nativas del país, por consiguiente la afectación sería a la diversidad genética que tiene este. Anunció que interpondrá acciones y recursos legales nacionales e internacionales para la revocación del decreto, porque transgrede la Constitución Política del Estado, la Ley 300 de la Madre Tierra, la Ley 144 de Revolución Productiva, la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, la Ley 3525 de Fomento a la Producción Ecológica, el Protocolo de Bioseguridad de Cartagena que Bolivia ratificó mediante la Ley 2274 del año 2000.

Para el director de la Fundación Tierra, Gonzalo Colque, el Gobierno emitió la norma en plena situación de emergencia sanitaria para tratar de legalizar el uso de transgénicos. Afirmó que no se puede decidir la agricultura de ese modo porque no hay un sentido de oportunidad de crecimiento, sino de conveniencia política. Sugirió anular el decreto.

La ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco. (Foto: Archivo)

FAO sugiere tener cuidado con algunas tecnologías

El representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en Bolivia, Theodor Friedrich, mencionó que es interesante que el país esté considerando la biotecnología para desarrollar variedades de cultivos, pero sugirió cuidarse de ciertas tecnologías que tienen impacto ambiental y que tienen una ventaja muy dudosa para la producción, específicamente las variedades que incorporan el Bacillus turinguiensis, muy populares entre los productores porque se cree que no necesitan plaguicidas, lo cual no es cierto.

“Otra tecnología cuestionable son los cultivos resistentes a herbicidas, que no solo conllevan peligros ambientales, sino también peligros para la salud del consumidor”, dijo.

Sin embargo, mencionó que la ingeniería genética usada para fines apropiados y útiles para la humanidad no puede ser rechazada de forma categórica.

“Solo hay que usarla para el bien común y no solo para el bien comercial de algunos sectores de la sociedad. La atracción de estas tecnologías para los agricultores viene, entre otros motivos, porque es tecnología nueva y, por lo tanto, se cree que es mejor porque en este país hemos sufrido un atraso tecnológico. Pero analizándola con pluma afilada es posible darnos cuenta de que hasta los rendimientos de las variedades genéticamente modificadas no siempre son mayores a los rendimientos de variedades convencionales”, dijo.

Acotó que Bolivia tiene todas las condiciones para adoptar prácticas de producción alimentaria favorables a la nutrición, que no se centren en variedades de alto rendimiento y demanda en mercados agroindustriales, sino más bien en técnicas de cultivo que aumenten la productividad.