Familiares de las víctimas piden máxima sanción para los criminales. [Archivo]

• Roberto Medina Buezo

El  año pasado, 113 mujeres fueron asesinadas en el país, y pese a que en la mayoría de los casos los autores fueron aprehendidos, sólo 10 recibieron sentencia condenatoria. En el resto de los procesos, los feminicidas fallecieron, están detenidos preventivamente u obtuvieron su libertad.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Violencia Sexual y en Razón de Género, Pilar Díaz, indicó que urge un control y fiscalización a los casos de feminicidios pendientes de sentencia (268) para que sean resueltos a la brevedad. Señaló que se debe verificar el trabajo de jueces y fiscales de materia para lograr una conclusión efectiva de todos los procesos.

“Tenemos que identificar la moral judicial o posibles actos de corrupción para sancionar penal o administrativamente a los funcionarios que incurrieron en la mora procesal en esos casos”, manifestó.

Para cumplir con este objetivo, la comisión interinstitucional conformada por la Fiscalía, Consejo de la Magistratura y el Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización (Sepmud) firmaron un convenio para luchar contra la retardación de justicia y otros factores que debilitan el procedimiento de la justicia.

Debido a los 11.631 casos de violencia intrafamiliar registrados entre el 1 de enero y el 25 de abril de este año, la fiscal Díaz considera que amerita declarar una emergencia nacional.

“Tenemos que hacer un estudio y trabajar de manera coordinada con todas las instituciones involucradas”, dijo.