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El País y AFP  / Argentina Edición impresa

El Gobierno argentino ultimó ayer un paquete de medidas de  emergencia económica, social y sanitaria para afrontar la profunda crisis del país, en virtual suspensión de pagos. 

Las medidas, muy numerosas, incluyen desde aumentos de impuestos hasta ayudas a las pequeñas empresas y programas de vacunación obligatoria. 

Viajar al extranjero y comprar productos en el exterior será mucho más caro, con el fin de proteger las menguadas reservas en dólares. 

El presidente Fernández aspira a que el Congreso —al que su gobierno solicita asimismo “poderes especiales” para renegociar la deuda— apruebe el paquete esta semana.

En los ministerios de Buenos Aires se trabaja contra el reloj. El peronismo sabía desde agosto, cuando arrasó en las primarias, que iba a ganar las elecciones del 27 de octubre, pero ese tiempo no parece haber bastado para tener a punto las medidas de urgencia.

El jefe de gabinete (primer ministro), Santiago Cafiero, explicó al diario Clarín que todavía les costaba saber algunas cosas, como el estado del déficit fiscal, que el anterior gobierno de Mauricio Macri cifraba en un 0,5% y que, según Cafiero, es superior.

La primera medida se publicó en forma de decreto y afectaba a las exportaciones agrarias, el principal mecanismo argentino para la obtención de divisas. Quedó anulado el esquema impositivo establecido por Macri, que retenía cuatro pesos por dólar exportado, y se impuso un porcentaje fijo del 9% por cada dólar. 

En el caso de la soja —el producto más competitivo en los mercados internacionales— el 9% se añadió a un 18% ya vigente, por lo que el total retenido ascendió al 27%. 

Las organizaciones rurales protestaron y amenazaron con movilizaciones, no concretadas por el momento, a la espera de reunirse con el Gobierno. 

Cafiero explicó que no se trataba tanto de un aumento de la carga fiscal como de una actualización, tras la fuerte devaluación del peso, e insistió en la necesidad de que todos los sectores hicieran un “esfuerzo solidario”.

Para proteger las reservas de divisas, entre las medidas propuestas figura un recargo del 30% sobre las compras con tarjeta de crédito realizadas en el exterior. Eso supone en la práctica un impuesto extraordinario sobre los viajes al extranjero y busca, además de recaudar fondos adicionales y revertir una balanza turística muy deficitaria, fomentar el turismo interior, que genera abundante empleo temporal.