• Redacción Central

Una investigación coordinada entre la Policía y la Fiscalía posibilitó la aprehensión de la exdirectora regional de la Dirección de Sustancias Controladas Carmen Sifuentes Loayza, quien fue acusada por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, beneficio en razón del cargo, entre otros.

“De oficio, la Policía y la Fiscalía iniciaron una investigación antes de anoche (jueves). Se admitió la denuncia y se abre la investigación”, manifestó el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, a la red Unitel.

Según una publicación de El Deber, el caso fue investigado de oficio por la Unidad Anticorrupción de la Policía debido a supuestos audios de Sifuentes que se viralizaron en redes sociales.

 “En las grabaciones se escucha decir que cobraría Bs 2.800 por sacar de la Aduana cada turril con la sustancia líquida, de lo contrario el trámite demoraría hasta cuatro meses”, detalla el periódico cruceño.

“La facultad es netamente del Ministerio Público al momento de imputarla, seguramente hará una valoración objetiva el fiscal asignado al caso a objeto de que se puedan demostrar los indicios, el peligro de fuga y el peligro de obstaculización ante el juez que lleve la audiencia de medidas cautelares”, añadió Mariaca.

La autoridad del Ministerio Público agregó que existen indicios de corrupción, por lo que ayer se cumplió con la aprehensión y se requirió a la Fiscalía Anticorrupción que realice el desdoblamiento de los audios.

También está programado analizar los mensajes que se le atribuyen a Sifuentes, además se convocará a otras personas que podrían conocer sobre el tema.

Sifuentes es asesora legal de Sustancias Controladas y, durante su declaración informativa en dependencias de la Policía, se acogió a su derecho al silencio.

Respecto al desarrollo de las pesquisas, Mariaca aclaró que son diligencias delicadas y reservadas de la Fiscalía.

“Vamos a ser contundentes con los hechos de corrupción e investigaremos de manera compleja este hecho para que el juez emita la resolución correspondiente”, dijo.

Se ejecutaron algunos allanamientos

El Deber añadió que a fin de contar con más indicios y evidencias respecto a la denuncia, el viernes fueron allanadas las oficinas de la asesora legal y se secuestró documentación que será analizada.

También se allanó su vivienda ubicada en la zona de la Pampa de la Isla para recolectar más información.

Todo el material que fue secuestrado por los investigadores será objeto de peritajes para establecer la inocencia o culpabilidad de la sindicada.

No se descarta convocar a posibles víctimas para que declaren e informen si es que hubo cobros irregulares.

Para hoy está prevista la audiencia de medidas cautelares en la que el Ministerio Público pedirá su reclusión preventiva en el penal de Palmasola mientras se desarrollan las investigaciones .

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