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El Ministerio Público inició hoy una investigación en contra del presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Pablo Ramos, por la presunta comisión del delito de favorecimiento al enriquecimiento ilícito, debido a que se sospecha que hubo movimientos financieros inusuales el 25 de octubre y el 6 de noviembre.

El fiscal departamental de La Paz, William Alave, informó, según un boletín de prensa de dicho Ministerio, que “se investigarán todos los movimientos sospechosos de camiones blindados que, aparentemente, transportaban divisas en horarios inusuales el 25 de octubre y el 6 de noviembre, días después de las —ya anuladas— elecciones generales”.

Por su parte, la fiscal Verónica Jara señaló que personas particulares, entre ellas un abogado, denunciaron estas irregularidades y que hay videos y fotografías, difundidos en redes sociales, que respaldan estas acusaciones.

“Asimismo se investigan los hechos suscitados el 25 de octubre en horas de la mañana, cuando presuntamente se registró la salida de cuatro cajas de divisas en una vagoneta que pertenece al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) y que fue asignada a la expresidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE) María Eugenia Choque”, agrega el boletín.

Respecto a la denuncia del 25 de octubre, el Banco Central de Bolivia desmintió esas versiones en un comunicado emitido el 30 de octubre.

“En el marco de lo establecido en la Ley N°1670 y el Reglamento de Valores en Custodia aprobado mediante Resolución de Directorio N°063/2018 de 22 de mayo de 2018, en atención  a la solicitud efectuada por la (ex) Presidenta del Tribunal Supremo Electoral (TSE), María  Eugenia  Choque  Quispe, el  Banco  Central  de Bolivia  (BCB), recibió el viernes 25 de octubre  de  2019 en Depósito en Custodia un sobre lacrado que contiene el Código Fuente del Sistema SIMOBOL, conforme a lo requerido por el TSE. El BCB desmiente la  denuncia  del (entonces) Senador Arturo Murillo Prijic, quien afirmó la presunta salida de cajas de la institución (…)”, indica el documento.

Respecto a la segunda denuncia, el ente emisor indicó, también en un comunicado, que desempeña “sus operaciones y actividades institucionales respaldadas en el marco de la legalidad y la normativa vigente”.

En esa línea aseguró que cualquier instancia puede revisar los movimientos efectuados en cualquier momento, siguiendo los canales y procedimientos establecidos por ley.