De acuerdo con la normativa vigente, los ejecutivos municipales, llámense alcaldes, son fiscalizados por el órgano deliberante, el Concejo Municipal, el cual suma esa atribución fundamental para el funcionamiento del sistema democrático a la de proponer, elaborar y aprobar normas de competencia propia en el ámbito municipal. La ausencia de una instancia de fiscalización real y efectiva no solo pone en entredicho el funcionamiento de esa instancia, sino que desnaturaliza la esencia misma del sistema de gobierno municipal.

Suele ser frecuente, no siempre sucede así, que quien dirige el Ejecutivo municipal cuenta con mayoría en su Concejo, lo cual podría entenderse como lógico si obtuvo una mayoría importante en la votación que le dio la ciudadanía y debiera traducirse en una gestión más expedita en beneficio de los ciudadanos. Lamentablemente no siempre sucede así, y en muchos casos los concejales se convierten en el furgón de cola de un alcalde municipal no siempre idóneo para la administración edil.

Aquí es donde se presenta una nueva duda en la gente, en el ciudadano común, quien o quienes fiscalizan, controlan y evalúan el trabajo que desarrollan los concejales municipales. Seguramente dirán que rinden cuentas directamente a la población, a sus electores, que si bien es necesario e indispensable, pero también debe haber un control estatal que resguarde los intereses y recursos públicos, que finalmente son los recursos de todos los ciudadanos.

Es muy ilustrativo lo que está sucediendo en el municipio paceño, donde la ineficiencia del Ejecutivo municipal no solo está conduciendo a la urbe al desastre en muchos aspectos, sino que también hace caso omiso de lo que determina el Concejo cuando aprueba normas que no son de su agrado o que van en contra de sus posiciones políticas o ideológicas. Pero también hay que mencionar que hay una complicidad, que raya en lo delictivo, de parte de los concejales de su agrupación política, que sabotean las acciones del resto de los concejales, de la minoría, dejándolos sin quórum o saboteando las sesiones de varias maneras, sin que aquello merezca la sanción que corresponda.

Las reiteradas ausencias de concejales del oficialismo en el Concejo paceño deben ser objeto de crítica y sanción, pues no pueden seguir percibiendo recursos del Estado por su trabajo si es que no lo están desarrollando adecuadamente. No puede aceptarse que la disciplina partidaria o los intereses ocultos de algunos concejales oficialista en contubernio con el Alcalde estén llevando a La Paz al abismo.

Hay muchas molestias evidentes en el municipio paceño, desde los problemas en la infraestructura urbana, deslizamientos, derrumbes, obras mal ejecutadas, construcciones ilegales, hasta otros más preocupantes como la lamentable situación del servicio de buses Pumakatari, el servicio de parqueo en las calles, el estado de los parques y áreas verdes, la situación de la infraestructura de centros educativos, de los mercados, el lamentable estado de las calles, en fin, podríamos no acabar nunca de señalar los muchísimos problemas que atraviesan los ciudadanos de esta ciudad.

La autonomía municipal no puede, ni debe, encubrir incapacidad ni corrupción. La rendición de cuentas y la fiscalización de los actos del Ejecutivo y del Concejo deliberante son fundamentales para garantizar su adecuado funcionamiento. Nadie puede estar por encima de la ley, ni tampoco nadie puede escapar del control social. Las organizaciones vecinales y otras similares, junto a los medios de comunicación, tienen el deber de hacer el seguimiento a todas a las acciones de quienes fueron elegidos para trabajar por el pueblo y la ciudad, y que, además, por ese trabajo reciben una remuneración adecuada.