Óscar Silva /

Por si alguien tenía alguna duda al respecto, el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre la sucesión ha ratificado aquello que todos los bolivianos ya sabíamos, desde el mismísimo momento en que Añez y sus esbirros tomaron al asalto el viejo Palacio Quemado, con la biblia en la mano, rodeada de uniformes camuflados de la milicia traidora. Eso, tomar el poder de esa manera, no tiene otro nombre para el pueblo que no sea “Golpe de Estado”.

El pronunciamiento del TCP ha servido para que una serie de opinadores y políticos, particularmente de oposición, se vistan de expertos constitucionalistas, la mayor parte de ellos sin la menor idea ni formación en leyes, sin haber puesto los pies ni siquiera en el umbral de una facultad de Derecho, pero pretendiendo hacernos creer cuan conocedores son del tema, destilando medias verdades, falsedades plenas y mucho, pero mucho, muchísimo odio.

El TCP ha sido el principal objetivo de sus ataques, aquel mismo órgano que hace casi un par de años emitió un comunicado (el cual no tiene ningún valor puesto que este tribunal no cuenta entre sus formas de pronunciarse sobre temas de constitucionalidad la del “comunicado”) fue objeto de múltiples alabanzas y elogios de parte de quienes ahora lo defenestran acusándolo de servil al Gobierno, puesto que aquel comunicado daba sustento legal a la toma del poder “constitucionalmente” y permitía lavarles la cara de golpistas. Este comunicado tramitado por uno de los abogados de Tuto Quiroga fue inmediatamente descalificado por quienes conocen de derecho, pero eso ya no les importó pues era muy útil para sus propósitos.

El historiador, poco versado en leyes y fracasado como gobernante y político, ha salido a defender la “constitucionalidad de la posesión de Añez”, argumentando ocho sinrazones. Ninguna de ellas tiene sustento. Para empezar, no hubo ninguna posesión. Nadie posesionó a la autoproclamada, ni menos le tomó juramento, sólo un militar le colocó la banda presidencial y las medallas, esas mismas que habían sido recuperadas de un lenocinio en la ciudad de El Alto, donde las había dejado otro militar, poco antes Camacho con dos de sus cómplices habían entrado a la fuerza al hall del viejo palacio, en otra muestra más de arbitrariedad y violencia, resguardados por grupos parapoliciales y ante la vista condescendiente de las fuerzas del orden encargadas de la seguridad de la sede de la presidencia del Estado. La memoria le falla al experiodista, puesto que cuando le tocó suceder a Goni en la presidencia, fue investido como tal en una solemne sesión de Congreso, con todas las de la ley, para decirlo de alguna manera. Allí sí hubo posesión, no asalto al poder.

El resto de sus razones no son más que la ratificación de cómo la fuerza arbitraria e ilegal se usó para justificar el golpe. Con la pistola en las sienes, senadores, diputados, magistrados, actuaron ante el temor de la irracionalidad golpista. No es una justificación a la inconsecuencia de muchos de ellos, pero actuaron bajo coacción, lo cual de inicio resta valor a cualquier actuación que sirviera como supuesto sustento de la sucesión constitucional. La violencia sin límites, la persecución sañuda, las detenciones ilegales, las causas inventadas, no son pues el marco habitual para una sucesión constitucional, sino más bien representan el componente fundamental y característico del asalto del poder a través de un golpe de Estado.

Un estudiante de leyes que hubiese vencido la materia de Derecho Constitucional, con seguridad sabrá analizar mejor el fallo del TCP y a diferencia de quienes intentan encubrir los delitos en los que ellos también tomaron parte, tendrá la convicción de que lo sucedido entre octubre y noviembre de 2019 fue una conspiración organizada por intereses internos y externos, ajenos a los del pueblo boliviano, que concluyó con el asalto no sólo a la casa de gobierno, sino al poder y a las arcas del Estado. Para decirlo de una manera más sencilla, ni duda cabe en ningún boliviano honesto y consciente, fue un golpe de Estado. Es ahora el turno de la justicia para sancionar, como corresponde, a los responsables. (Óscar Silva es periodista)

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