TRIBUNA
Erika J. Rivera

La pandemia actual del coronavirus puso en evidencia algunos problemas estructurales del Estado que vienen de vieja data. Uno de ellos reside en la baja asignación de fondos financieros y en la deficiente dotación de estructuras y equipos, tanto para las Fuerzas Armadas como para la Policía Nacional. Se ha manifestado además una cierta animosidad entre las dos instituciones nombradas, que no tiene razón de ser. A partir de la Revolución Nacional de 1952 se originó una cierta preferencia del gobierno de la Revolución Nacional por la Policía, lo que llevó, como se sabe, a una severa reducción de las Fuerzas Armadas y su pérdida de prestigio e influencia hasta 1956. En épocas posteriores se han dado algunos roces entre ambas instituciones, como aquella producida en marzo de 1990 cuando el entonces Comandante de la Policía Nacional declaró que el Ejército debía subordinarse a la Policía en la lucha contra el narcotráfico. Pese a las enérgicas protestas de las Fuerzas Armadas, el gobierno de entonces no desmintió al Comandante Policial. El periodista Rafael Archondo señaló en julio de 1998 que las Fuerzas Armadas estaban ante la disyuntiva de una “lenta extinción o reeducación” debido a que la atracción del Ejército sobre los jóvenes habría bajado persistentemente a partir de 1980.

   Hoy en día se percibe evidentemente que la Policía Nacional recibe un trato, no preferencial, pero generoso de parte del gobierno en lo referente a dotación de fondos, equipos y hasta de funciones. Esto es lo preocupante: las Fuerzas Armadas realizan una serie de funciones que pueden ser calificadas de indispensables, como la protección de nuestras fronteras, el aseguramiento de las vías de comunicación (muy claro el caso de las vías fluviales) y las tareas de docencia e investigación, que de manera ejemplar llevan adelante la Escuela Militar de Ingeniería (EMI), la Universidad Militar Mariscal Bernardino Bilbao Rioja y el Instituto Geográfico Militar, entre otras instituciones. La opinión pública no percibe claramente el trabajo sacrificado que realizan cotidianamente los efectivos de las Fuerzas Armadas en regiones geográficamente aisladas, en situaciones de peligro y en la atención a catástrofes naturales. Los integrantes de nuestra fuerza militar cumplen con esas tareas, en la mayoría de los casos sin una retribución equitativa y sin el reconocimiento público, y lo hacen sin quejarse y poniendo de su lado muchas veces su tiempo libre y sus recursos personales. A los destacamentos más alejados llegan a menudo víveres, vituallas y otro equipamiento en mal estado y los militares no tienen el derecho de quejarse o de hacer públicas sus demandas por un principio de disciplina institucional.

   La pandemia del coronavirus ha mostrado que las Fuerzas Armadas han contribuido eficazmente a la limitación de esta plaga, sin exigir ningún tratamiento especial y sin fondos adicionales. En caso de descomposición social y anomia grave, la Policía tiene evidentemente una función importante, pero en las contingencias más complejas son las Fuerzas Armadas las llamadas a recomponer el ordenamiento social. El día de hoy ambas instituciones trabajan conjuntamente y con éxito beneficiando a toda la ciudadanía, lo cual está muy bien, pero las actividades más duras en el interior del país las llevan a cabo las Fuerzas Armadas. Por lo tanto el poder político no debe olvidar la relevancia de la Defensa de nuestro territorio que ello implica un presupuesto suficiente y racional para el cumplimiento de la Seguridad, Defensa y Desarrollo de nuestro país. No se puede admitir que por falta de fondos estatales instituciones militares valiosas, como COFADENA, TAB, ENABOL, no dispongan del apoyo adecuado del Estado y no puedan desarrollar todo su potencial que favorecería al conjunto de la población boliviana y sobre todo en los lugares donde el acceso es extremadamente difícil. Allí se requiere la presencia de las Fuerzas Armadas como representación idónea del Estado, pero cuidando ese precioso recurso humano al servicio de la patria con un presupuesto adecuado y eficientemente administrado en aras del fortalecimiento de la institucionalidad.