En la disposición adicional del Decreto Supremo 4231 se especificaba la pasibilidad de denuncias por incumplimiento del Código Penal a quienes difundan información “que ponga en riesgo o afecte la salud pública”. (Foto: OTI)

Reynaldo J. González / Bolivia Digital

La Fundación para el Periodismo valoró hoy como “positiva” la derogación por parte del Gobierno nacional de las disposiciones incluidas en tres decretos supremos emitidos durante la emergencia del coronavirus (COVID-19) destinadas a combatir las falsas noticias y la desinformación.

En criterio del presidente ejecutivo de la institución, Renán Estenssoro, las disposiciones cuestionadas contradecían el marco legal vigente, por lo que su reciente derogación constituye una medida acertada del Estado.

“El Gobierno ha dado un paso positivo al admitir que se equivocó con la promulgación de esos tres decretos (…). Creo que se ha dado un paso hacia adelante y es bueno admitir los errores. Cuando uno se equivoca, es bueno dar marcha atrás”, dijo en entrevista con Bolivia TV.

Asimismo, Estenssoro recomendó que la mejor manera de combatir la desinformación durante la crisis sanitaria actual es reforzar la difusión de información oficial proveniente del Estado. “La desinformación se aprovecha también de los vacíos de información. La desinformación se combate con acceso a la información”, aseveró.

Añadió que es muy importante “que la gente vuelva a confiar en los medios de comunicación y que se informe a través de estos, y no mediante las redes sociales”.

“Está comprobado que alrededor del 30% de la información que se difunde en las redes es falsa. Entonces, es importante que los medios de comunicación comiencen a recuperar las audiencias que han perdido en estos tiempos”, añadió.

Este jueves, el Gobierno nacional dio a conocer la derogación de tres disposiciones referidas al trabajo informativo durante la emergencia mundial por el coronavirus incluidas en los decretos supremos 4199, 4200 y 4231.

Según explicó en una misiva ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), la medida correctiva tiene el objetivo de evitar la mala interpretación de las normas y fue efectuada “a la luz del respeto a la libertad de expresión”.

Ante distintos cuestionamientos, el Ejecutivo había defendido en los últimos días que las medidas derogadas solamente buscaban combatir la desinformación malintencionada emitida a través de las redes sociales y aclaró que no estaban dirigidas al trabajo periodístico que es regido por la Ley de Imprenta.

Cabe recordar que los puntos cuestionados en los decretos supremos señalaban que las personas que inciten al incumplimiento de las medidas de emergencia contra el contagio y la propagación del COVID-19, o aquellas que generen incertidumbre entre la población, “serían sujetas a denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”.

En la disposición adicional del Decreto Supremo 4231 se especificaba la pasibilidad de denuncias por incumplimiento del Código Penal a quienes difundan información “que ponga en riesgo o afecte la salud pública”.