La viceministra Gabriela Alcón en contacto con los medios de comunicación. (Foto: VC)

Milenka Parisaca / Ahora El Pueblo Digital /

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, desmintió este martes que exista persecución política en contra del gobernador Luis Fernando Camacho, el líder cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, quienes fueron denunciados por delitos cometidos durante los 36 días del paro cívico en Santa Cruz. Afirmó que el Ministerio Público definirá las responsabilidades.

“Es lo más fácil señalar persecución política cuando se quieren evitar responsabilidades, pero aquello lo tiene que definir una investigación, las denuncias han sido presentadas y eso está en esa instancia. Lo que uno tiene que hacer siempre es asumir defensa y se verán las responsabilidades”, dijo en contacto con los medios de comunicación.

Lamentó que algunos dirigentes políticos de la oposición “recurran fácilmente” a argumentos falsos para escudarse. Ratificó que el Ministerio Público es la instancia que determinará si existen responsabilidades o no en los delitos.

“Después de los 36 días de paro cívico hay que evaluar lo ocurrido en Santa Cruz, ya que son millonarias las pérdidas para la economía del país, 200 millones de dólares que repercuten en la economía nacional. Además de las graves violaciones a los derechos humanos, de niños, niñas, del pueblo ayoreo, mujeres, entre saqueos, tomas de instituciones públicas, quemas, entre otros delitos.”, señaló Alcón.

En ese contexto, recordó que Calvo presentó una denuncia en contra de más de 50 personas, por agresiones en su vivienda, y afirmó que ahí no se habla de persecución política, por lo que considera que, tras los días de bloqueos forzados, se debe evaluar lo que ocurrió.

“Hay un daño, que insistimos nosotros pudo evitarse. ¿En qué sentido se pudo evitar? Porque antes de que inicie el paro cívico y durante el paro nosotros ya habíamos planteado muchas veces, de manera insistente, el consenso, el diálogo, y lo que ha hecho el Gobierno es precisamente llevar adelante lo que le había propuesto antes del inicio de la medida forzosa, que era una comisión técnica para que se defina la fecha del Censo”, recapituló.

Insistió que los daños al departamento cruceño no pueden quedar en la impunidad, pero “la investigación corresponde a otra instancia”.