Eco 5 -F3-VILLA SUDAMERICANA_Obras Públicas

 

Redacción central/Bolivia – Edición impresa

Tras una inspección, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, denunció que la construcción de la Villa Sudamericana, en Cochabamba, causó un daño económico al Estado, ya que fue edificada fuera de las normas estructurales, no tiene derecho propietario y que subsanar ambas falencias demandará al Gobierno Bs 5 millones.

La obra, construida durante la gestión del MAS, demandó una inversión de $us 33 millones y está conformada por 672 departamentos divididos en 14 edificios, mismos que a la fecha están deshabitados.

“No hay los derechos propietarios de cada una de las unidades habitacionales, la Alcaldía de Cochabamba no emite los planos individuales porque no está permitido, regularizar eso costará Bs 5 millones. Se ha invertido $us 33 millones en construir todos estos 14 edificios, que como podrán ver están vacíos y no se los puede adjudicar; realmente es un daño muy grande”, dijo la autoridad. 

Explicó que el incumplimiento de las normas estructurales es otro problema, ya que en el área solo se podían construir edificios de hasta tres pisos en cada unos de los bloques; sin embargo, se llegó a levantar de 11 a 12 niveles.

Por otro lado, mencionó que se revisará el costo de adjudicación de cada departamento, que está valuado en $us 50 mil como vivienda social, lo que hace que “muy poca gente” acceda al mismo.

El viceministro de Urbanismo y Vivienda, César Cladera, informó que se inició una investigación para identificar a los responsables directos de las irregularidades detectadas para su sometimiento ante la justicia ordinaria. “Estamos identificando por el momento a responsables directos como a exdirectores generales de la Agencia Estatal de Vivienda, como Víctor Márquez Quino, Noemí Bautista Chambi y Marcelo Fernando Delgado”, mencionó.

Explicó que los delitos tipificados en este caso son malversación de recursos, conducta antieconómica, resoluciones contrarias a la ley, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado. “Regularizar  esto nos va a tomar tiempo y dinero, que lo tenemos que pagar los bolivianos”, acotó.