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Redacción central – Edición impresa

El Gobierno identificó y desarticuló al menos cinco grupos  subversivos armados, conformados por ciudadanos bolivianos y extranjeros que pretenden desestabilizar a la actual administración gubernamental mediante actos terroristas en distintas regiones.

La presidenta Jeanine Áñez advirtió el viernes sobre la presencia de grupos subversivos en algunas regiones que se encuentran en conflicto, cuyo objetivo es bloquear los servicios básicos y la distribución de combustibles y alimentos, entre otras estrategias.

Las labores de inteligencia realizadas por el Gobierno identificaron al menos cinco de estas bandas.

El 30 de octubre se produjo un enfrentamiento violento en Montero, Santa Cruz, donde Mario Salvatierra (55) y Marcelo Terrazas (41) perdieron la vida tras ser impactados por proyectiles de armas de fuego, en tanto que otros cuatro ciudadanos resultaron heridos.

La Policía desveló que el argentino Facundo M. (‘Camilo’), miembro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), fue uno de los protagonistas de la toma del Puente de la Amistad, desde donde se hicieron varios disparos, además que se había trasladado a dicha región semanas antes para adiestrar a las personas en el uso de armas de fuego y otros elementos para que ataquen a las fuerzas del orden y a otros ciudadanos.

Las pruebas de absorción atómica realizadas por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) confirmaron que ‘Camilo’ y otros ciudadanos montereños manipularon armas de fuego.

El 14 de noviembre, efectivos de la Policía capturaron en Guayaramerín, Beni, a nueve ciudadanos venezolanos que estaban en afanes de sedición.

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, informó que los extranjeros portaban una insignia de tela de la Policía Nacional Bolivariana, identificaciones como miembros del Partido Socialista de Venezuela, dos memorias en las que había imágenes de ellos junto a otras personas que portaban armas de fuego y botas de uso militar.

El 15 de noviembre se produjo en Sacaba, Cochabamba, un enfrentamiento entre cocaleros del trópico y un contingente policial y militar.

En aquella ocasión, nueve personas perdieron la vida por disparos de armas de fuego, según el representante de la Defensoría del Pueblo, Nelson Cox.

Se confirmó que los proyectiles colectados no eran los utilizados por los uniformados.

“Dos de los fallecidos presentan disparo en la nuca, cinco en alguna parte lateral del cuerpo y dos en la frente, aunque se detectó que los calibres de las balas no coinciden con las usadas por los militares o policías”, dijo a los periodistas el ministro Murillo.

El 18 de noviembre, el titular de Gobierno reveló que —con base en información de inteligencia— se identificó un grupo criminal que buscaba atentar contra la vida de la presidenta Jeanine Áñez durante su viaje o estadía en Beni, su tierra natal, adonde pretendía ir para participar en los actos en homenaje a su efemérides departamental.

Cuatro sistemas de información de Inteligencia —del Ejército, de la Policía, privada y de la zona— confirmaron que el grupo criminal estaba conformado por ciudadanos venezolanos, cubanos, colombianos y otras personas que tienen vínculos con el narcotráfico.

El martes por la mañana, durante un operativo militar que posibilitó la salida de cisternas con combustibles y camiones con garrafas de gas licuado de la planta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, ubicada en la zona de Senkata, en El Alto, un grupo de personas hizo caer uno de los muros perimetrales de dichas instalaciones en su intento de evitar el paso de los camiones.

En horas de la noche, otro grupo hizo caer una de las pasarelas a fin de bloquear ambos carriles y evitar que en los siguientes días vuelvan a circular cisternas con combustibles.

 

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