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Víctor Chambi – Edición impresa

El Gobierno nacional anunció que prepara una respuesta al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el conflicto postelectoral, que sostiene que hubo masacres en Senkata y Sacaba, y recomienda una investigación internacional.

En conferencia de prensa, los viceministros de Coordinación Gubernamental y de Coordinación con los Movimientos Sociales, Israel Alanoca y Eddy Luis Franco, respectivamente, calificaron ese documento como injusto, incompleto e inconsistente, porque no incluye la versión gubernamental ni considera lo ocurrido en otros lugares del país.

“Nosotros vamos a hacer otro informe, vamos a complementar este informe y no descartamos que la CIDH pueda seguir con su trabajo”, dijo Alanoca a los periodistas en La Casa Grande del Pueblo.

Franco agregó que los ministerios de Justicia, de Gobierno y de la Presidencia evalúan el informe de la CIDH para tomar las acciones correspondientes y preparar la respuesta, toda vez que el relevamiento de datos que se hizo por los miembros de la entidad de la OEA, que visitó Bolivia en noviembre, no contó con el acompañamiento del Ejecutivo.

A esas carteras de Estado, el Gobierno sumará a la Cancillería, al Ministerio Público y a los mediadores para el diálogo de la pacificación, con los que se pretende emitir un documento de respuesta que se pondrá en conocimiento de la CIDH.

Además, el Ejecutivo considera que la comisión de garantes —conformada por los embajadores acreditados en el país, la Unión Europea, el representante de Naciones Unidas y la Iglesia católica— sea la que “acompañe” la investigación que está realizando el Ministerio Público, ya que ellos conocen los pormenores del proceso de pacificación del conflicto suscitado tras la renuncia del expresidente Evo Morales, el 10 de noviembre.

Entre los cuestionamientos que hicieron ambas autoridades es que el informe preliminar de la CIDH es por un trabajo de solo cuatro días en Bolivia, que no toma en cuenta lo ocurrido en otras regiones del país como Montero —donde hubo dos fallecidos— y no se recogió la versión de las autoridades del Gobierno de transición.

Críticas al informe

De forma separada, el Ministro de Gobierno calificó de “vergonzoso” el informe de la CIDH y sostuvo que se trata de un documento elaborado de forma unilateral, sin considerar los testimonios de otros sectores de la población que fueron víctimas del vandalismo y personas violentas que generaron zozobra tras la renuncia de Morales.

“Recibimos con mucho dolor el informe de la CIDH, porque lo hicieron de forma unilateral, la CIDH para venir a hacer un informe a Bolivia debió trabajar con el Estado boliviano y debería ver —junto con nosotros— todos los muertos, todos los lugares, toda la gente que fue afectada de cualquier lado que sea”, dijo en conferencia de prensa.

Horas más tarde, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, lamentó que la CIDH no tome en cuenta que “hubo quema de buses PumaKatari (en La Paz), intento de incendiar la planta de Senkata, incendios de la casa de la periodista Casimira Lema, presencia de grupos armados en Yapacaní y policías muertos tras golpizas”.

Para el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS)  Lino Cárdenas, las evidencias y elementos sobre la masacre y la vulneración de derechos humanos es “muy evidente”, inclusive para iniciar un juicio de responsabilidades a la presidenta Jeanine Áñez.

De forma contradictoria, la asambleísta de Unidad Demócrata Jimena Costa señaló que “antes de sacar conclusiones sobre si hubo masacre, la CIDH debería juntar todas las pruebas de diferentes instancias y emitir una conclusión más objetiva”.

El Gobierno de transición anticipó que espera que el informe final de la CIDH incluya las observaciones realizadas por las autoridades nacionales y se pueda también escuchar a los mediadores del diálogo, quienes estuvieron presentes en todo el proceso de pacificación en el conflicto postelectoral.

Apuntes del informe de la CIDH

El documento de la CIDH califica como “masacre” lo ocurrido en Senkata y Sacaba.

Una de las acciones que recomienda la CIDH es realizar una investigación internacional e independiente de los hechos.

Se señala que hubo 36 muertos y 800 heridos en las movilizaciones ocurridas entre el 20 de octubre y el 27 de noviembre.

Las fuerzas del orden fueron identificadas como causantes de la mayoría de las víctimas.