Pol 12 F1 APG

 

Redacción central – Edición impresa

A través de un comunicado, la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia afirmó ayer que el Decreto Supremo 4078 no otorga a las Fuerzas Armadas una carta blanca para actuar, sino que su objetivo es “preservar la integridad de las bolivianas y bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo”.

“Las FFAA no tienen carta blanca para actuar más allá de los límites legales establecidos en la legislación boliviana, incluyendo el Decreto Supremo 4078, y por tanto deben conducirse bajo los principios de absoluta necesidad y proporcionalidad ante los disturbios violentos, para contener el ataque que se está desarrollando contra la vida y la propiedad de ciudadanos bolivianos”, señala el documento.

Aprobado el 14 de noviembre, el Decreto Supremo 4078 en su artículo tres establece que “el personal de las FFAA, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal, cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad de conformidad”.

Luego de conocer el documento, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación. Definió como “grave” el decreto porque con ello “Bolivia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta”. Advirtió que los “alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”.

A través de un comunicado, la CIDH ratificó ayer su postura. Señaló que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la persecución penal, así como cualquier obstáculo de derecho interno mediante el cual se pretenda impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de derechos humanos, por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Ante ello, la Cancillería del Estado aclaró que “el objetivo del decreto supremo es preservar la integridad de las bolivianas y bolivianos, y evitar mayores actos de vandalismo, que ya se efectuaron en contra de domicilios privados, establecimientos comerciales y reparticiones de la Policía nacional, incluyendo la quema de buses del transporte público y el saqueo a reparticiones estatales”.

Argumentó que es la propia ley del Estado Plurinacional de Bolivia, a través del Código Penal de Bolivia, la que establece la exención de responsabilidades penales cuando exista uso de legítima defensa o estado de necesidad.

“El Decreto Supremo 4078 no pretende estimular ningún tipo de represión, sino solamente replica las exenciones contenidas en la ley, para situaciones en las que el personal de las FFAA actúe en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, todo ello en el marco de respeto de los Derechos Humanos”, apuntó.

Afirmó además que las operaciones de las FFAA de Bolivia se producen luego de que la Policía Nacional solicitara su participación, “al haber sido rebasada por los disturbios organizados y ejecutados por instructores extranjeros con la participación mercenaria de núcleos delincuenciales creados para consumar revueltas y agresiones violentas a ciudadanos en diferentes áreas del territorio nacional”.