Durante el enfrentamiento, tres personas resultaron heridas. Los movilizados secuestraron un fusil que fue recuperado por los efectivos policiales de Chile.

Eliana Uchani / Bolivia Digital

En la localidad de Pisiga, frontera con Chile, se dio un altercado entre las Fuerzas Armadas y al menos 300 personas que intentaron ingresar al país por la fuerza. En ese grupo se identificó a 35 militantes del Movimiento al Socialismo (MAS), quienes pretendían generar caos y violencia para boicotear el cumplimiento de las medidas de prevención del COVID-19, según informó el ministro de Gobierno, Arturo Murillo.

La autoridad manifestó que la unidad de inteligencia de esa cartera de Estado y de la Policía Boliviana evidenciaron que estos activistas realizaban pagos de Bs 300 a cada una de las  personas movilizadas, con el fin de quebrar la cuarentena.

«Tenemos identificados a 35 activistas (del MAS) mezclados en esa marcha. A través de nuestro sistema de inteligencia hemos podido registrar que están pagando Bs 300 a cada una de las personas que se están movilizando. Buscan desestabilizar al Estado, lo que no pudieron hacer en noviembre están tratando de hacerlo ahora, aprovechando la crisis sanitaria», precisó Murillo.

Aproximadamente al mediodía de ayer, los ciudadanos que se encuentran varados en la localidad de  Colchane, en Chile, trataron de rebasar las medidas de seguridad que instaló las FFAA. Al no lograr su objetivo, agredieron a militares y secuestraron un fusil. Los uniformados tuvieron que usar agentes químicos para evitar un mayor conflicto.

Informe 

Al respecto, el director general de Migración, Marcel Rivas, dijo que existe evidencia de que estas personas tengan nexos con el partido azul, pues revisaron sus antecedentes.

A la vez, manifestó que los sindicados coordinaban con cuidadanos bolivianos que tienen residencia en el vecino país. Incluso se identificó que estas 35 personas salieron en febrero del año en curso hacia esa región con el fin de organizar una revuelta en la frontera.

Por otra parte, Rivas expresó que, mientras el grupo violento intentaba ingresar atacando a militares, los 33 identificados quisieron instalar un motín en el campamento «Tata Santiago», que alberga a 480 ciudadanos que están en cuarentena, que está ubicado en la localidad de Pisiga.

«Hemos identificado quiénes son y también nos hemos enterado que tenían comunicación a través del celular con ciudadanos que estaban del otro lado de la frontera, (entonces) a este grupo de delincuentes no les interesa ingresar al país» porque lo único que quieren es generar violencia, insistió Rivas.

Por otra parte, Murillo anunció que iniciarán procesos penales contra estas personas por atentar contra la salud pública. Afirmó que no permitirán que generen caos y desorden en el país.

Los cívicos de Oruro pidieron a la Policía y a las Fuerzas Armadas reforzar la seguridad en el punto fronterizo para evitar más conflictos.

Estado de emergencia

 El presidente del Comité Cívico de Oruro, Hugo Gutiérrez, informó que se declaran en estado de emergencia por las acciones violentas en Pisiga. A la vez, pidió que se investiguen a los responsables porque pretenden generar caos en ese departamento.

“En los últimos días hemos sido testigos de la politización de la salud por parte de algunos sectores políticos, en especial del MAS, que de manera visible está intentado romper una cuarentana que le está costando mucho sacrificio al pueblo orureño. Algunos inadaptados, con el pretexto de ingresar o reingresar a nuestro país, ponen en riesgo a la población», cuestionó.