El Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), desde la gestión presidencial de Evo Morales y hasta la actual de Luis Arce, siempre impulsó medidas de protección a la integridad y la vida de las mujeres bolivianas.

Además se caracterizó por otros hechos importantes como la búsqueda de igualdad en la designación de funciones ejecutivas (ministros y ministras), equidad de participación en el Órgano Legislativo y también en el cuidado de los derechos sociales y políticos que tiene este género.

Con este objetivo, el Gobierno plantea una serie de medidas hasta lograr un compendio normativo en el que se cuidan los derechos de las mujeres y dar la mayor cantidad de condena posible a quienes incurran en la violencia en contra de este género.

Sólo como un principio, están los artículos 8, 9, 11, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 62, 63, 66, 82, 144, 147, 209, 210, 241, 242, 270 y 278 de la Constitución Política del Estado (CPE), promulgada en 2009 durante la gestión de Morales, donde se habla del cuidado de los derechos de las mujeres.

Como ejemplo, el artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a la vida, a la integridad física, psicológica, moral y sexual, y afirma que nadie sufrirá tratos humillantes. De manera específica contempla el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en la familia y en la sociedad, y el compromiso del Estado de adoptar todas las medidas necesarias para eliminar y sancionar la violencia de género, entre otros artículos similares.

Por otra parte está la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley 348), que tiene el objetivo establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la persecución y sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien.

Si bien se trabaja en propuestas para la modificación de esta normativa, por el momento indica que el Estado garantiza la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el respeto y la tutela de los derechos, en especial de las mujeres, en el marco de la diversidad como valor, eliminando toda forma de distinción o discriminación por diferencias de sexo, culturales, económicas, físicas, sociales o de cualquier otra índole.

Además está la elaboración de políticas públicas desde la identidad plurinacional, para la visualización, denuncia y erradicación del patriarcado, a través de la transformación de las estructuras, relaciones, tradiciones, costumbres y comportamientos desiguales de poder, dominio, exclusión opresión y explotación de las mujeres por los hombres.

También está la Ley Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres, que establece mecanismos de prevención, atención, sanción contra actos individuales o colectivos de acoso y/o violencia política hacia las mujeres, para garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Coadyuvan este compendio la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación e incluso la Ley de Control Social y Participación Ciudadana.

Pese a este paquete de normativas, el Estado aún busca cómo mejorar las condiciones de vida de las mujeres que lamentablemente aún sufren violencia intrafamiliar, feminicidios y otros abusos, por lo que se trabaja para subsanar estas acciones que deben y son castigadas con el máximo rigor de la ley.

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