Uno de los respirdores que fue comprado por el Ministerio de Salud. (Foto: Bolivia)

 

Eliana Uchani / Bolivia Digital

Tras la develación de la presunta compra irregular de los 170 respiradores, la Procuraduría General del Estado (PGE) y el Ministerio de Justicia iniciaron  una investigación por separado, para esclarecer el caso. A la vez se solicitó en congelamiento de los pagos que aún están pendientes a la empresa española.

El titular de la Procuraduría, José María Achá, indicó que notificaron al Ministerio de Salud, a la Dirección de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (Aisem) y al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la pesquisa, y anunció que ambas entidades deberán remitir en un plazo de 24 horas toda la documentación del proceso de contratación.

«La Procuraduría inició una investigación sobre este caso de forma paralela a las acciones que asumió el Ministerio de Justicia y la Fiscalía Genaral del Estado. Esta instancia realizará todos los actos pertinentes contra los responsables que serán identificados en todo este proceso», precisó la autoridad.

A la vez, señaló que una de las medidas para pracautelar los recursos del Estado es el congelamiento de los pagos que se adeudan a la empresa que se adjudicó el contrato, además de la anotación preventiva de los bienes de las personas implicadas en este presunto caso de corrupción.

Horas más antes, el ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, informó que el Ministerio de Economía congeló el pago del 50% restante que se adeuda a la empresa española que dotó los equipos médicos al Estado boliviano.

«Hemos solicitado al Ministerio de Finanzas, al ministro Parada, que se paralice cualquier tipo de pago sobre esto. En otras palabras, que el otro 50% no se pague. Vamos a establecer dentro del proceso una conciliación de cuentas con la empresa. (…) Si es necesario, vamos a ir a un proceso, pero no vamos a pagar el otro 50%», precisó.

El Estado boliviano, a través de un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), adquirió 170 respiradores por $us 4.773.600, cada uno de ellos tenía un costo de $us 28.080. Sin embargo, cada equipo tiene un precio real que no sobrepasa los $us 6.569, según informe del propietario de la firma española GPS Innova.

Por otra parte, Cabrera indicó que se pedirá documentación a todas las instancias que intervinieron en el proceso de adquisición, entre ellos al BID, entidad que financió la compra de los equipos.

Finalmente, se pidió a la Cancillería retransmitir los mensajes al embajador de Ciencia y Tecnología, Mohammed Mostajo, y al cónsul de Bolivia en Barcelona, David Pareja, quienes fueron los protagonistas en el incidente de la compra de los respiradores.

Una persona prueba los respirdores. (Foto: Bolivia)

Investigación

Según las investigaciones, el contrato firmado entre el Estado y la intermediaria española IME Consulting Global Services S.L. fijó un precio de 28.080 dólares por cada ventilador pulmonar marca “Respira”, modelo “Device”. Los 170 respiradores solicitados suman el precio de 4.773.600 dólares.

El contrato fue firmado por el Director General de la Aisem, Geovanni Pacheco Fiorilo, e Ignacio Manuel Mazarrosa Escoriaza, propietario de la sociedad unipersonal IME Consulting Global Services, empresa española.

Otro de los aprehendidos es el encargado de la Unidad de Adquisiciones del Ministerio de Salud, Fernando Valenzuela, que viabilizó la compra del equipo médico.

La Unidad de Transparencia de Salud evidenció que Valenzuela se encargó de la compra de los ventiladores, además recibió la proforma en una empresa Cosin que ofrecía respiradores a mitad del precio pagado, pero, pese a ello, compró los equipos más caros.

En contacto con varios medios, el cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja, confirmó que el sindicado se comunicó con él para informarle que ya estaba aceptada la oferta de la compra de los respiradores de la empresa GPA Innova a través de la empresa IME Consulting, y le pidió que haga un seguimiento exhaustivo para que los respiradores sean entregados en los tiempos establecidos.

Según el informe de la policía, existen ocho personas que fueron aprehendidas por el presunto sobreprecio: seis funcionarios del Ministerio de Salud y dos consultores del BID.

Por otra parte, Coimbra afirmó que se citará al cónsul general de Bolivia en España, Alberto Pareja, para que declare sobre su participación en este caso. No descartó que se convoquen a otras presuntos implicados.

 

Otra oferta

El gerente general de la importadora de equipos médicos Cosin Ltda., Rodolfo Vega, dijo que ofreció a la Aisem la venta de 178 respiradores de la misma compañía, GPA Innova, a un precio de $us 12 mil cada uno, que incluía el transporte, pago de impuestos, instalación, garantía de dos años. Además de la capacitación al personal médico vía virtual desde Barcelona, entre otros.

“Cosin Ltda. es una empresa que ha estado atendiendo durante 40 años la provisión de equipamiento médico en el mercado nacional, tanto para empresas estatales y privadas, de este hecho nos han llamado en diferentes oportunidades para colaborar sobre las necesidades del COVID-19 en Bolivia. En ese sentido, el 25 de abril nuestra empresa presentó una propuesta al Ministerio de Salud, dirigida al ministro Marcelo Navajas, para la provisión de 178 respiradores modelo Respira, por un precio unitario de 12.500 dólares cada uno”, indicó el representante en una entrevista con Radio Fides.