Bloqueos en el peaje que une las ciudades de La Paz y El Alto. Los bloqueadores exigían la renuncia de la presidenta Jeanine Áñez y todos sus ministros. (Foto: APG)

Eliana Uchani / Bolivia Digital

El Gobierno de Bolivia presentó hoy una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPA) de La Haya contra el expresidente Evo Morales por los delitos de lesa humanidad, denuncia que se basa en los hechos cometidos entre el 3 y el 14 de agosto de 2019, que ocasionaron la muerte de al menos 40 pacientes con coronavirus por la falta de oxígeno medicinal e insumos médicos. 

El procurador general del Estado, José María Cabrera, solicitó a la CPI llevar a efecto una investigación para determinar y sancionar a los autores de los crímenes de lesa humanidad que provocaron el sufrimiento de poblaciones afectadas por las movilizaciones convocadas por los sectores afines al exmandatario.

“Hemos presentado la denuncia en la Corte Penal Internacional, cumpliendo el artículo 14 del Estatuto de Roma por los delitos de lesa humanidad, en contra de Evo Morales, Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza. Ellos convocaron a bloquear las carreteras y evitar el paso de alimentos y medicamentos, causando la muerte de 40 personas por la falta de atención medica”, anunció la autoridad desde La Haya. 

Cabrera entregó personalmente la denuncia ante la corte internacional y fue recibido en audiencia oficial por la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda. (Foto: Procuraduría)

La demanda incluye al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, y al dirigente cocalero del Trópico de Cochabamba Leonardo Loza, tomando en cuenta que ambos convocaron a bloquear carreteras y evitar el paso de alimentos e insumos médicos.

La COB y el Pacto de Unidad convocaron a una huelga y bloqueo de carreteras de forma indefinida en rechazo a la postergación de las elecciones generales previstas para el 18 de octubre. Esa decisión ocasionó el cerco a las ciudades del país y bloqueo de carreteras, que durante más de diez días impidieron el paso de suministro de alimentos, oxígeno medicinal, circulación de ambulancias y otros.

Cabrera entregó personalmente la denuncia ante la Corte Internacional y fue recibido en audiencia oficial por la fiscal general de la Corte, Fatou Bensouda.

La CPI es un organismo internacional de carácter judicial creado en virtud del Estatuto de Roma del 17 de julio de 1998, del cual Bolivia es signatario y miembro fundador, ratificando el mismo mediante la Ley N° 2398 del 23 de mayo de 2002, aceptando y reconociendo la jurisdicción internacional de esta Alta Corte.

Esta jurisdicción puede ser activada, conforme al artículo 13 del referido tratado, únicamente por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de oficio por la Fiscal de la Corte, o por remisión de denuncia proveniente de cualquier Estado miembro. La CPI podrá ejercer su competencia únicamente con respecto a los crímenes de lesa humanidad para que éstos no queden impunes y se imponga la justicia en contra de aquellos exgobernantes que hubieran causado grandes sufrimientos a sus poblaciones.