ULT 20-F1-CARLOS BARRIOS

 

Redacción central – Edición impresa

Como un hecho histórico y un huracán democrático, así fue considerada ayer la propuesta de decreto supremo elaborada entre el Ministerio de Comunicación y los representantes de todos los sectores periodísticos del país, y que tiene por objetivo recuperar la libertad de expresión para la prensa boliviana. La iniciativa será presentada a la presidenta Jeanine Áñez.

“Hemos trabajado un proyecto de decreto supremo en este Gobierno de transición para presentárselo a la presidenta Jeanine Áñez, quien es una persona que siempre ha visto y velado por el tema de la libertad de expresión, por la reivindicación de la prensa y por que se recupere esa independencia, ese poder”, manifestó la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.

La propuesta de norma consta de siete artículos. En el primero se especifica que el decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al reconocimiento de sus derechos laborales, con el respeto a la libertad de opinión, expresión y de prensa, en el marco de la pluralidad democrática que consolide la información como un derecho humano.

“Son puntos muy importantes que nos van a proteger en lo posterior de regímenes autoritarios como el de Evo Morales, de partidos políticos, de políticos, para que nunca más la prensa boliviana esté arrodillada, censurada, comprada, extorsionada; para que los periodistas también tengan su lugar y podamos seguir avanzando por un país y una democracia que cada vez se encaminen en esta transición”, prosiguió la titular de la cartera de Comunicación.

Entre otros puntos, también manifiesta que las máximas autoridades ejecutivas de las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo garantizarán el acceso a la información sin distinción de ninguna naturaleza. Además, los periodistas de medios de comunicación privados gozarán de todos los derechos y beneficios reconocidos por la Constitución Política del Estado y las leyes que le sean aplicables.

Por otra parte, el Ministerio de Comunicación, según indica la propuesta, realizará las gestiones necesarias ante los gobiernos autónomos municipales para la conformación de los Tribunales de Imprenta, previstos en la Ley de Imprenta. Asimismo, el proyecto señala que los servidores públicos que atenten en contra de la libertad de trabajo y/o libertad de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria.

En cuanto a la propaganda estatal, el Gobierno la asignará a los medios de comunicación considerando la trayectoria, profesionalismo, ética y compromiso social, a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial.

“Nos están devolviendo algo que se había conculcado durante muchos años por diferentes razones y a través de muchos métodos para silenciar la voz de los periodistas, para controlar los medios de comunicación y los contenidos de los medios de comunicación. Estamos en este momento viviendo un huracán imparable de libertad de expresión y nosotros los periodistas, hombres mujeres, tenemos la obligación de transmitirle a nuestro pueblo la verdad”, dijo el presidente de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), Pedro Glasinovic.

Mientras que para el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Reynaldo García, “la libertad es uno de los dones más preciados de una sociedad; sin libertad no hay democracia (…) tenemos que estar informados de todo lo que ocurre. Ha sido un trabajo duro el que hemos tenido casi por siete horas, trabajo, discusión y logramos un documento que realmente hará historia”.