La Canciller sostuvo una reunión con los representantes de la Conferencia Episcopal de Bolivia, en la que garantizaron que el Gobierno garantiza el derecho a la vida desde la concepción.

Bolivia Digital

El Gobierno nacional, a través de la canciller Karen Longaric, ratifica su lucha contra todo tipo de violencia hacia la mujer, además del respeto al derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural.

A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores rechaza las engañosas interpretaciones que realizaron ciertos sectores que pretenden mostrar que la declaración internacional, suscrita por 59 países, es un intento de promoción del aborto.

«Esta Declación Internacional Conjunta es coincidente con los derechos fundamentales y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado, incluyendo el derecho a la salud, la prohibición de discriminación fundada en orientación sexual, el derecho a no sufrir violencia sexual y la prevención de la violencia de género», resalta la nota.

Reunión

La autoridad diplomática sostuvo una reunión con los representantes de la Iglesia católica. En el encuentro trataron el acuerdo «Proteger la salud y  derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19”.

Al respecto, el Monseñor Aurelio Pesoa resaltó que el Gobierno defienda el derecho a la vida desde la concepción y además garantice que mujeres, niñas y otros sectores vulnerables serán protegidos por el Estado.

«Nosotros hemos recibido la explicación de la Canciller, nos ha manifestado que el Estado boliviano está garantizando la defensa de la vida. El hecho de ser parte de una institución no significa tomar postura en el sentido negativo», precisó la autoridad del clero.

El acuerdo

En la apartes sobresalientes del acuerdo «Proteger la salud y los derechos sexuales y reproductivos y promover una respuesta que tenga en cuenta el género en la crisis del COVID-19”, señala: El COVID-19 afecta a las mujeres y a los hombres de modo diferente. La pandemia empeora las desigualdades que sufren las mujeres y las niñas, a la vez incrementa la discriminación de grupos marginados.

La participación de las mujeres y las niñas y su protección deberían ser centrales en los esfuerzos para detener el COVID-19. Las medidas restrictivas diseñadas, para limitar la propagación del virus han aumentado el riesgo de la violencia doméstica, incluida la violencia de pareja.

Los sistemas de salud y de protección social, así como los sistemas legales que protegen a las mujeres y a las niñas, se han visto debilitados por la respuesta del coronavirus. Es necesario implementar medidas específicas para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas.