POLXX-F1-LIZARRAGA - CARLOS BARRIOS

 

Fernando del Carpio Z./Bolivia/Edición Impresa
Ante la dificultad de encontrar a algunas personas implicadas en el caso Neurona, entre ellas una exviceministra de Políticas Comunicacionales, “se buscan los registros migratorios  de quienes están involucrados”, dijo ayer la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga.

La ministra, que el lunes divulgó el informe final de la Contraloría General del Estado, declaró a los periodistas que el documento establece “responsabilidades civiles y penales, hasta 10 años de cárcel para la exministra de Comunicación Gisela López”.

La exautoridad  abandonó la Embajada de México y el 22 de noviembre ingresó a la Argentina; actualmente se desconoce la situación en la que se encuentra en el vecino país porque “no es perseguida política”, dijo Lizárraga.

Además de López están implicados 21 funcionarios, entre ellos directores y otros que, según la ministra, “han dado opción a que se firmen contratos con dicha empresa”. 

“A la exviceministra no la hemos encontrado, no está en los domicilios donde decía vivir; estamos buscando los reportes migratorios de las personas que están involucradas en este tema”, apuntó.

La titular de Comunicación señaló que esperan los resultados de los informes de Migración, pero algunas personas vinculadas en el caso Neurona pueden voluntariamente presentarse en la Fiscalía “para dar su testimonio y decir cuál y hasta qué grado ha llegado su participación, cómo recibieron las órdenes, qué es lo que ha ocurrido, eso ayudaría muchísimo en la investigación”.

La ministra explicó que “López era la encargada de hacer todos los contratos y la exviceministra de generar todo el proyecto, entre ambas trabajaban para dar el proyecto a una empresa (Neurona) que no reunía los requisitos y que no estaba inscrita en el país”. 

“No era necesaria su contratación, no solamente es el daño del Estado, sino el beneficio en razón del cargo; estamos hablando de millones de bolivianos, de dinero que pertenece al pueblo boliviano y que ellas decidieron entregar a una empresa que no ha cumplido ni siquiera con los trabajos encomendados”, aseveró. 

Al ser consultada sobre la participación del exministro de Comunicación Manuel Canelas, en este caso Lizárraga señaló que la exautoridad “hizo todo, ha presentado todo para que se investigue; se tenía la información de que el contralor general del Estado tenía los resultados antes de las elecciones”.

Sin embargo, indicó que decidieron diferir su presentación “por el período de elecciones, porque era un tema delicado, se frenó en la Contraloría. Al asumir el gobierno de transición exigimos al contralor que haga conocer el informe final, que tiene responsabilidades civiles y penales, hasta 10 años de cárcel para la exministra López”.

Adjudicación 

-La empresa mexicana Neurona Consulting se adjudicó   cuatro contratos y cuatro órdenes de servicio por invitación directa. 
-Provocó un daño económico de 13 millones de bolivianos.