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Bolivia Digital

El Ministerio de Comunicación y representantes de asociaciones de periodistas y de medios de información elaboraron hoy un decreto supremo de siete artículos que pretende “devolver la libertad de prensa” al país.

La titular de esa cartera de Estado, Roxana Lizárraga, indicó que este trabajo vela por los derechos de los periodistas y que en las próximas horas será presentado a la presidenta Jeanine Áñez para su revisión y posterior aprobación.

“Este decreto es para proteger a los trabajadores de los medios de comunicación de regímenes como el de Evo Morales, para que nunca más haya una prensa comprada, extorsionada (…). Este proyecto tiene el propósito de mejorar la democracia, y bien podría llamarse ‘Recuperación de la Libertad de expresión en Bolivia’”, manifestó en conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.

Estos son los siete artículos de la norma:

Artículo 1.- El presente decreto supremo tiene por objeto garantizar el trabajo periodístico a través del acceso a la información pública y al reconocimiento de sus derechos laborales con el respeto a la libertad de opinión, de expresión y de prensa en el marco de la pluralidad democrática, que consolide la información como un derecho humano.

Artículo 2.- Acceso a la información: Las máximas autoridades ejecutivas, de todas las entidades e instituciones públicas del Órgano Ejecutivo garantizarán el acceso a la información sin distinción de ninguna naturaleza, debiendo establecer en cada entidad e institución los mecanismos adecuados que le permitan la obtención rápida, adecuada y oportuna de la misma.

Artículo 3.- Derechos laborales: Los periodistas de medios de comunicación privados cuya relación laboral concurra las características esenciales de la relación laboral señaladas por ley, gozarán de todos los derechos reconocidos por la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes que sean aplicadas.

Artículo 4.- Radios de los Pueblos Originarios (RPOs): Con la finalidad de ampliar a todos los sectores de la población el derecho de acceso a la población de información y comunicación, el Ministerio de Comunicación asumirá las medidas necesarias para la asignación o reasignación de las RPOs en el marco de la inclusión social.

Artículo 5.- Tribunales de Imprenta: El Ministerio de Comunicación, en el marco de la comunicación interinstitucional realizará las gestiones necesarias con los gobiernos autónomos municipales para la conformación de los tribunales de imprenta previsto en la Ley de Imprenta.

Artículo 6.- Tribunal Competente:                                    

I) Los periodistas que en el ejercicio de sus funciones incurran en delitos de imprenta contra los servidores públicos serán sometidos sólo al procesamiento establecido en la Ley de Imprenta.

II) Los servidores públicos que atenten contra la libertad de trabajo o de prensa serán sometidos a la jurisdicción ordinaria, siempre velando sus asociaciones y federaciones.

Artículo 7.- Publicidad estatal: Para asignar la publicada estatal a los medios de comunicación, el Gobierno nacional considerará la trayectoria, profesionalismo, ética, compromiso social a fin de promover una información veraz, oportuna, transparente e imparcial.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Reynaldo García, dijo que fueron siete horas de trabajo que se destinaron para elaborar este decreto, que a su juicio “marcará historia como la Ley de Imprenta”.

“Todos sentimos en estos momentos vientos de libertad, una libertad que fue viciada. Vivimos una nueva era en la libertad de expresión, de dar a conocer lo que ocurre en el país. La libertad es uno de los dones más preciados de una sociedad”, expresó.