En la imagen, más de 40 indígenas y campesinos del departamento de Chuquisaca son vejados por afines del Comité Interinstitucional de Sucre el 24 de mayo de 2008.(Foto: Archivo)

Redacción central/ Especial/

A14 años de la violación de los derechos humanos, discriminación y humillación a indígenas y campesinos el 24 de mayo de 2008, en la ciudad de Sucre, continúa la impunidad de esos hechos promovidos por líderes del Comité Interinstitucional, del municipio, de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca y de los partidos políticos de oposición, coincidieron los analistas Hugo Siles y René Martínez.

La mañana del 24 de mayo de 2008, cientos de campesinos e indígenas del departamento de Chuquisaca se concentraron en inmediaciones del estadio Patria de la Capital para la entrega de ambulancias y proyectos sociales por el entonces presidente Evo Morales.

Anoticiados de ello, los dirigentes cívicos junto a estudiantes de la universidad pública y funcionarios de la Alcaldía de Sucre, armados con palos, piedras, cachorros de dinamita y otros se dirigieron hasta el lugar para evitar el acto, exigiendo la restitución de la sede de gobierno.

Los iracundos movilizados arremetieron con saña y una violencia indescriptible, obligando a los indígenas y campesinos a huir; al menos 40 fueron secuestrados y llevados por la fuerza hasta la plaza 25 de Mayo. Bajo amenaza de muerte los forzaron a quitarse las camisas, ponerse de rodillas, quemar la bandera del Movimiento Al Socialismo (MAS) y la wiphala en pleno frontis de la Casa de la Libertad. “De rodillas, indios de mierda, griten viva la capitalidad”, “Sucre se respeta, carajo”, “Llamas, pidan disculpas” eran algunas de las consignas de los grupos de jóvenes universitarios armados de palos, piedras, gases lacrimógenos y dinamita.

El Gobierno nacional presentó la denuncia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) por las vejaciones infligidas a los indígenas que dejó un saldo de 35 personas heridas.

Asimismo, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) confirmó que los movimientos sociales bolivianos iniciarán las acciones legales. NORMA Los analistas Hugo Siles y René Martínez, en entrevista con Ahora El Pueblo, concordaron que en los últimos 10 años en el país ha habido un sustancial avance en materia normativa y en derechos de los pueblos indígenas originarios, así como contra los actos de discriminación, pero que los operadores de justicia están anclados en la vieja práctica de la República neoliberal que privilegia únicamente demandas de las élites racistas, excluyentes y marginadoras de lo nacional popular.

IMPUNIDAD

En ese contexto, Hugo Siles dijo que a pesar del avance en el marco normativo no se ha logrado erradicar los grandes males de quienes hacen justicia, porque más allá de la intención de querer cumplir con las normas se mantiene la forma ritualista y elitista de no hacerlo oportunamente con una visión de justicia en favor de lo nacional popular.

Señaló que está pendiente superar todos estos hechos de expresión de racismo y discriminación que han cobrado vidas y han tenido un fuerte impacto en la sociedad por vejámenes y torturas hacia pueblos indígenas originarios campesinos que no ha sido acompañado por la justicia, porque se mantiene como un vaivén para evitar sanciones y penas.

“Lamentablemente, la justicia no ha tenido el ritmo y la velocidad para poder otorgarle justicia en los diferentes casos de discriminación y racismo registrados en el país.

Hugo Siles.

Hay muchos grados de impunidad porque aún no se ha podido alcanzar la sanción y la justicia respectiva; la justicia sigue siendo un talón de Aquiles para poder otorgarle justicia en los diferentes hechos y casos que se han registrado en el país a lo largo de los últimos años. En muchos de estos casos no hay todavía penas y sanciones ejemplificadoras, por eso es que la justicia sigue siendo uno de los temas de asignatura pendiente en el país”, sostuvo.

Manifestó que se debe considerar que los hechos del 24 de mayo de 2008 marcan un antes y un después en materia de discriminación y racismo en Bolivia, porque abrió toda una ventana para que se repitan en otros departamentos y se mantenga la impunidad, por lo que la estructura judicial tendrá que hacer conciencia para que ya no se repita.

“En la mayoría de los casos si bien hay una fuerte reflexión de la sociedad y se ha alcanzado niveles de tolerancia en el país, en los hechos específicos la justicia ha tenido una lentitud que no guarda relación con la normativa importante que tiene el país, que es incluso modelo a nivel regional, pero que en la aplicación y procesos específicos de trámite en la justicia no hay en muchos casos la celeridad en cuanto a sanciones y penas sobre estos hechos”, precisó.

VERGÜENZA

René Martínez

En esa línea, el analista René Martínez expresó su vergüenza ajena porque a 14 años de la vejación pública de indígenas y campesinos víctimas de una flagrante violación de los derechos humanos en puertas de la Casa de la Libertad, de la ciudad de Sucre, no hay sentencia contra los promotores, la justicia declaró extinguido el caso dejando libres de culpa a quienes gatillaron los hechos de violencia: John Caba, del Comité Interinstitucional; Aydé Nava, alcaldesa de Sucre; Jaime Barrón, rector de la Universidad San Francisco Xavier de Chuquisaca, y líderes políticos de oposición.

“Después de 14 años lo que molesta es que tenemos es impunidad, luego de más de 10 años la justicia declaró penosamente extinguido el caso y lo llamativo es que esas acciones de racismo y discriminación han quedado latentes en el escenario político que se ha focalizado en diferentes lugares por la vía política de ese tiempo, además que se ha irradiado en todo el país en distintas formas y acciones”, advirtió.

 GOLPE DE ESTADO

El analista y expresidente de la Cámara de Senadores explicó que todos los hechos de violencia, racismo y discriminación que se ge- neraron en 2008 han desencadenado en la ruptura del orden constitucional, el golpe de Estado, la instauración de un régimen de facto con Jeanine Añez y sus aliados Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana (CC); Jorge Tuto Quiroga, de Unidad Democrática Nacionalista (ADN); Samuel Doria Medina, de Unidad Nacional (UN), Luis Fernando Camacho, de Creemos, y las masacres de El Pedregal, Sacaba, Senkata, Montero y Betanzos, en noviembre de 2019, contra el presidente constitucional Evo Morales, por su carácter de indígena originario campesino.

“Son los mismos actores, partidos políticos de derecha, dirigencias cívicas, la jerarquía de la Iglesia Católica, ONG, embajadores extranjeros y otros que han estado movilizados en esa decisión anormal que se tomó en la Universidad Católica Boliviana, donde se definió quién asumía el gobierno de facto violando la Constitución y normas legislativas contra un presidente que tiene el mismo carácter de identidad de clase indígena originario campesino”, precisó.