Personal especializado ingresa a la cárcel con fines investigativos. (Foto: El País de España)

• Agencias /

Al menos 52 presos de la cárcel de Tuluá, Valle del Cauca, en Colombia murieron en la madrugada de ayer, luego de un incendio por un intento de fuga, informaron las autoridades locales.

La emergencia se generó a las 02.00 hora local (07H00 GMT) en un pabellón con cerca de 200 reclusos. Los hechos ocurrieron durante el cambio de guardia en la cárcel, momento en que los presos prendieron fuego a unos colchones y provocaron una riña para fugarse.

Según el vocero del cuerpo de bomberos de Tuluá, Marco Antonio Orozco, “hubo una llamada casi a la 01.20 de la mañana por un posible amotinamiento.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Tuluá.

La cárcel del municipio tiene una población de más de 1.500 internos, que significa una sobrepoblación del 17 por ciento.

Según informó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, las riñas se habrían presentado por el control territorial de dicho pabellón que fue inaugurado por el expresidente Juan Manuel Santos.

El caso recuerda a lo sucedido el 21 de marzo de 2020 en la cárcel La Modelo de Bogotá, cuando varios reclusos pedían medidas de bioseguridad frente a la pandemia de la Covid-19 y, en medio de las protestas, 24 internos murieron y más de 100 resultaron heridos.

La información fue confirmada por el ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz, quien señaló que ya se iniciaron las investigaciones “para determinar los detalles de lo ocurrido y poder dar claridad al país sobre dicho acontecimiento”.

Ruiz, quien se solidarizó con las familias de las víctimas, indicó que el hecho se produjo cuando “uno de los internos infortunadamente prendió fuego a una colchoneta” y provocó el incendio que no pudo ser controlado por el personal de guardia, razón por la que fue necesaria la intervención de los bomberos.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, difundieron un comunicado en el que señala que el Estado colombiano  “debe garantizar la vida e integridad de las personas privadas de libertad, investigar de oficio y de forma rápida, seria e imparcial, adoptar medidas para evitar la repetición de los hechos y reparar a las víctimas y familiares”.