La Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, demostrando el carácter deliberativo y político de esta instancia de poder y la independencia en la que desenvuelve sus actividades, como lo marca la Constitución Política del Estado.

Mucho se ha hablado en círculos políticos y en los medios de comunicación sobre esta ley desde que se presentó como proyecto y se han generado incluso corrientes de desinformación con intenciones de obstaculizar el trabajo legislativo, por lo que ahora que ya se ha sancionado la norma, incluso antes de su promulgación, señalemos algunas de sus características.

La ley da certidumbre a lo ya determinado por el Ejecutivo con el DS 4824, que recoge los acuerdos del diálogo técnico en Trinidad. Es una ley que no le quita ninguna competencia al Órgano Ejecutivo y mucho menos se puede señalar que se trate de una ley que “desautorice al presidente Arce”. Una aseveración así cae de inmediato tras una simple lectura del texto de la ley.

Hay que destacar también que la ley recoge los criterios de los tres órganos del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Electoral, que avalaron un trabajo conjunto para que se cumpla el cronograma censal en lo que toca a la entrega de resultados oficiales al TSE en el mismo mes de septiembre de 2024, para que sean utilizados en la asignación de escaños parlamentarios.

Asimismo, el DS 4824 estableció que el empadronamiento del Censo de Población y Vivienda se efectuará el 23 de marzo de 2024, mientras que en septiembre de ese año el INE entregará los resultados poblacionales para que se cumpla la redistribución de recursos de coparticipación tributaria.

Una primera conclusión es que para llegar a este resultado no era necesario sacrificar al pueblo cruceño y afectarlo con un paro/bloqueo de treinta y seis días, dañando su economía y vulnerando los derechos fundamentales, con un régimen de terror en contra de los sectores más débiles.

El Gobierno, un día antes del inicio del paro/bloqueo, ya había asegurado la realización del Censo y la entrega de los resultados en las mismas fechas y condiciones, consolidadas luego mediante un decreto y sobre el cual la ley no tiene ninguna acción, puesto que se refiere a otros temas relacionados sí, pero que no interfieren en la labor del Órgano Ejecutivo.

En estas circunstancias, resulta inmoral que alguien quiera adjudicarse como triunfo suyo el final del conflicto en Santa Cruz con la aprobación de la ley, cuando con el paro cruceño absolutamente nadie ganó, sino perdió Santa Cruz y perdió Bolivia.

El Gobierno hizo todos los esfuerzos para evitar que se llevara al pueblo cruceño al enfrentamiento y a un sacrificio innecesario, por donde se lo vea, solo por el capricho de algunos dirigentes que antepusieron sus propios intereses a los del pueblo que dicen representar.